Continúa la emergencia

El año se inicia con graves dificultades para el país. El gobierno por sucesión, por lo pronto, se plantea como gobierno de transición.

La transición ha implicado, entre otras cosas, la iniciativa para acortar el mandato del Ejecutivo y del Legislativo. Esta reforma de la Constitución abre la puerta para futuros cambios similares.

Se le quita a la Constitución su contenido de estabilidad. Las reformas constitucionales deben reflejar cambios que se muestran necesarios en el tiempo. Cambios que se deliberan.

El uso de la fuerza no es una demostración de necesidad constitucional. Es un recurso del chantaje y la imposición.

El gobierno de Dina Boluarte cedió ante manifestaciones violentas que cobraron la vida de casi 30 personas.

Los bloqueos de carreteras, las tomas y destrucción de aeropuertos, locales públicos y empresas privados no provienen de ninguna discusión política. Buscan el caos y previeron, seguramente, la respuesta desorganizada del régimen recién inaugurado.

Esos grupos buscan, así, arrinconar políticamente a las autoridades. Buscan obtener apoyo para el derrumbamiento no solo del Gobierno, sino de la ley y la autoridad.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha dicho que “el Perú ha estado al borde de un abismo institucional”. Señala que hubo concertación de sectores golpistas, así como de la minería ilegal y el narcotráfico. El objetivo: “acabar con el sistema democrático” (El Comercio, 31/12/22).

Ha contado, también, que encontraron “actos de latrocinio organizado que se enquistaron en algunos ministerios… en prácticamente todos” (Panamericana TV, 19/12/22).

Se equivoca el Gobierno, sin embargo, si cree que ha pasado el momento más duro. Los golpistas y sus azuzadores retomarán sus actividades pasadas las fiestas. Será antes, incluso, de que se presente el Consejo de Ministros ante el Congreso.

El daño que se ha hecho al país es inconmensurable. No solo se bloqueó el transporte de público y mercadería. Sobre todo, se creó la imagen de país inseguro.

Tenemos problemas de seguridad ante el avance de la delincuencia común. A esta hay que sumarle, ahora, la acción violenta que busca el enfrentamiento con las fuerzas del orden.

La respuesta del Gobierno ha sido crear unos bonos y hablar con algunas autoridades regionales apara acelerar obras públicas. Ni los receptores de bonos ni las obras públicas tienen que ver con los que organizan la violencia.

La violencia desatada, como reconoce el ministro Otárola, tiene que ver con un proyecto golpista y antidemocrático. Tiene que ver con negocios ilegales, como el narcotráfico y la minería clandestina. Tiene que ver, también, con conexiones internacionales.

Frente a estas amenazas solo cabe un trabajo efectivo de inteligencia y restablecimiento del orden. El Gobierno tiene que recuperar el principio de autoridad. Debe, además, dar a conocer la profundidad a la que llegó el intento de cooptación del Estado.

Sabemos que el expresidente Castillo tuvo colaboradores en el Congreso mismo. Se los debe investigar, y rápido.

El golpe y su proyecto autoritario partieron de un estamento delincuencial.

No podemos ir a un proceso electoral sin reformar el marco legal. El actual alentó la infiltración de ladrones y violentistas.

Mientras eso sucede, se tiene que recuperar el principio de autoridad. Dentro de la ley, sin temores. La emergencia no ha terminado y la reconstrucción tomará muchos años.