:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/07d0a197-a3dd-4348-bece-b2d00050106d.png "María Cecilia Villegas")
La detención de Sada Goray y Mauricio Fernandini, el viernes último, es un capítulo más en la historia de corrupción en el Perú. Lo que suceda en las próximas semanas, sin embargo, es de pronóstico reservado, considerando que dependerá del fallido sistema de justicia en el Perú.
Si mucho en nuestro país está corrompido, ¿cómo logramos salir adelante y encauzar al Perú hacia el desarrollo? Hablamos de la necesidad de reformas, de la renovación de la clase política, pero poco se dice sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Hemos convertido a la corrupción en una herramienta válida para que muchos se enriquezcan indebidamente. Y cuando quienes caen en actos de corrupción son amigos, o grandes líderes empresariales, miramos hacia el otro lado, no cuestionamos y nos olvidamos de que una sociedad requiere ciudadanos que ejerzan sanción social hacia aquellos que, cercanos o no, rompen las leyes y violentan el Estado de derecho.
Sada Goray no es la primera empresaria que frecuentaba clubes de golf y los restaurantes más caros de la ciudad, que viajaba en primera clase por el mundo y que se vendía como una gran y exitosa empresaria, que es descubierta en millonarios actos de corrupción. Y es muy probable que no sea la última de quien tengamos noticia. Lo cierto es que la gran mayoría logra sobrevivir al escándalo y al proceso penal sin mayor sanción. Ni penal ni administrativa y mucho menos social. Y al poco tiempo siguen dejándose ver, como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Cuántos empresarios vinculados al ‘club de la construcción’, o al financiamiento ilegal de partidos políticos y candidatos, han sido expulsados de los gremios o clubes sociales a los que pertenecen? ¿Cuántos han dejado de ser invitados a eventos sociales?
Hace unos días, Óscar Caipo, expresidente de la Confiep y actual presidente de Empresarios por la Integridad, sostuvo que en el Perú “no queremos más Lava Jatos, no queremos más ‘club de la construcción’, no queremos más Sadas Goray. Esa no es la forma de operar en el sector empresarial y tenemos que comenzar deslindando de la corrupción”. ¿Cuándo comenzaremos nosotros, los ciudadanos, a levantar la voz, a cuestionar y a deslindar de la corrupción? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que cuando un empresario corrompe nos está metiendo la mano al bolsillo a todos los demás?
La semana pasada, Lima fue sede del “XIV Foro internacional: derecho, negocios e innovación”, que reunió gerentes de empresas de infraestructura, construcción, minería y petróleo, así como gerentes legales y socios de estudios de abogados. Un foro que permitió analizar el importante rol que tienen los abogados como líderes empresariales y sociales; rol que, además, es rara vez discutido. Los abogados no solo se encargan de armar la estructura legal que les permite a los empresarios desarrollar sus negocios, sino que, como consejeros, están al lado de los CEO y sirven en el directorio. El rol del abogado para mostrar aquello que no es correcto va mucho más allá de la sola redacción de contratos y sistemas de ‘compliance’. Los abogados somos –o deberíamos ser– los grandes defensores del Estado de derecho. Y lo cierto es que no siempre lo somos.
La lucha contra la corrupción requiere que se logre imponer el Estado de derecho; es decir, el sistema de normas e instituciones al que todos los ciudadanos de un país debemos someternos. ¿Cómo puede contribuir el sector privado en la lucha contra la corrupción? ¿Es suficiente con establecer sistemas de ESG? No, no lo es. Recordemos, por ejemplo, que Graña y Montero tenía uno de los mejores sistemas de ‘compliance’ y, sin embargo, cuando se pactaron las coimas del Caso Lava Jato, quienes tenían el poder de decisión simplemente pasaron por encima de este. ¿Cómo justificaron los CFO de las grandes empresas el retiro de dinero para el financiamiento en maletines de campañas políticas?
Los empresarios necesitan comprometerse a hacer empresa ética, libre de corrupción y los abogados necesitamos comprometernos con la defensa de la ley por encima de todo. Aunque eso nos cueste perder clientes y sillas en directorios. Es momento de levantar la voz e incomodar.
