Este viernes en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, once magistrados de la Corte Suprema, liderados por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresaron su preocupación por las recientes normas aprobadas en el Congreso que podrían afectar la labor judicial y anunciaron la creación de una comisión para analizar estas leyes. Segundo, la fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el congresista Raúl Doroteo por presuntamente recortar los sueldos de los trabajadores de su despacho, lo que lo convierte en un posible autor del delito de concusión. Finalmente, se cuestionó el hecho de que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, ha estado prófugo de la justicia por un mes, a pesar de tener una orden de prisión preventiva y ser investigado por delitos graves como organización criminal y tráfico de influencias.
🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢 El LLAMADO DE LA CORTE
A raíz de la seguidilla de normas aprobadas desde el Congreso de la República relacionadas con el sistema de justicia –incluyendo el intento de preparar una reforma integral del mismo–, esta semana once magistrados de la Corte Suprema encabezados por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, manifestaron su preocupación e hicieron un llamado de alerta para evitar la afectación de la labor de los jueces en nuestro país. A su vez, anunciaron también la creación de una comisión para analizar las leyes promulgadas.
🔴 MOCHASUELDO DENUNCIADO
La fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el congresista Raúl Doroteo (Acción Popular) como presunto autor del delito de concusión en agravio del Estado, por presuntamente recortarles el sueldo a los trabajadores de su despacho. Según el Ministerio Público, Doroteo habría abusado de su cargo para obligar a María Fernanda Morales Gutiérrez a entregarle indebidamente el 50% de todos los ingresos que percibió en el Congreso entre el 2023 y el 2024. Ojalá que el Congreso no lo blinde.
🔴 UN MES PRÓFUGO
Este 19 de diciembre, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, cumplió un mes como prófugo de la justicia. Pese al tiempo transcurrido, todavía no ha sido considerado para ser incluido dentro de la lista de los más buscados. Sobre Boluarte pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses, emitida por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho por el Caso Waykis en la Sombra. Asimismo, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico.