COVID-19: cuarentena e informalidad, por Elmer Cuba

Dada la precariedad de nuestro sistema de salud frente a la pandemia del COVID-19, el Gobierno Peruano inició acertadamente una cuarentena general de ocho semanas, que fueron anunciadas dosificadamente cada dos semanas. Así, se compraba un tiempo valioso para aumentar la oferta de salud, lo que incluía la adquisición masiva de pruebas PCR y el acondicionamiento de camas y camas UCI, con los ya famosos respiradores mecánicos, en los hospitales. Esperemos que el costosísimo tiempo comprado haya sido suficiente para estos propósitos.

Cerca del 70% de la actividad económica ha sufrido directa o indirectamente por el apagón económico. Solo han continuado operando sectores clave, en su gran mayoría del sector formal laboral (salvo la agricultura del mercado interno). Como esto es muy costoso, teníamos que asegurarnos de que el esfuerzo tuviese éxito en aplanar la curva de contagios.

La idea era lograr reducir la tasa básica de contagio (Ro, el número de contagios por persona contagiada) para evitar un alza exponencial de casos que provoquen finalmente decesos masivos ante la falta de respuesta de la oferta de la salud pública.

Para la población cuyos ingresos se verían severamente afectados y que no tuviesen ahorros para enfrentar una pérdida transitoria de ingresos por al menos el período del apagón, se diseñó un bono de alimentos. Un bono cuyo diseño era crucial para poder sostener la cuarentena con relativo éxito. Este era una especie de transferencia condicionada a quedarse en casa.

Así, se escogió en un principio a 2.7 millones de hogares urbanos pobres y cuasi pobres para recibir un bono de S/380, que era el cálculo para dos semanas de una canasta básica de alimentos. Este tendría que darse cuatro veces, para evitar la fatiga ocasionada por las ocho semanas de cuarentena. Lamentablemente, no fue así. Y la gente salió. Luego, se creó el bono S/760 para los independientes (unos 800.000). Finalmente se creó, el bono rural, para 1.1 millones de familias. En total, los bonos alcanzaban a 4.6 millones de familias.

Es probable que exista cerca de 1.4 millones más de familias que requieran el bono y que no lo recibirán, y que, en consecuencia, saldrán a buscar ingresos. En general, todos estos bonos tendrían que otorgarse por lo menos durante las semanas que dure la cuarentena. Aún no se termina de entregar el primer bono y se está comenzando a entregar el segundo bono. El bono independiente iba al 50% hace una semana y el rural comenzaba esta semana.

Entonces, por ahora tenemos –en mayor medida– una sub-cobertura temporal y –en menor medida– de número de familias. Es decir, hay que llenar de contenido eslóganes voluntaristas como “hazlo por el Perú”.

Parafraseando el subtítulo del ya famoso libro “La economía en tiempos el COVID-19”, editado por Baldwin y Weder, se debe “actuar rápido y hacer lo que sea necesario”. Aquí va una idea fuera de la caja. El Gobierno ha usado equivocadamente, a juicio de este columnista, criterios de focalización en lugar de buscar cobertura.

En grueso. Tomemos a la población económicamente activa (una proxy puede ser la población en edad de votar, menos los estudiantes y jubilados) y restémosle a los formales privados y públicos que están en la planilla electrónica, a los independientes que declaran rentas de cuarta categoría y a los dueños de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces, nos quedaremos con los trabajadores informales laborales y los independientes sin RUC (90%). Todos ellos constituyen como 11 millones de personas. Asumiendo que hay 1.8 perceptores de ingreso por familia, tenemos casi 6.1 millones de familias.

Las “familias” pueden ser unipersonales o de –digamos– siete personas. Por ello, en este caso es mejor entregar el bono a los perceptores de ingresos. Ellos pertenecen a las familias. No rompamos ese equilibrio (ingresos/gastos familiares) que por algo ya existe. Y la condicionalidad es sencilla. Los perceptores de ingresos reciben el bono individual de S/200 cada quincena (equivalente al 380 familiar) sujeto a una declaración jurada de ingresos mensuales (por facilidad cognitiva) y a la promesa de no salir más allá de lo necesario en la cuarentena. Solo tendrían que realizar un procedimiento minimalista ante la SUNAT (o cualquiera de los sitios web que han sido habilitados para los bonos) consignando sus nombre, DNI, número telefónico e ingreso mensual medio. Una declaración jurada, con todo lo que ello supone en lo legal.

¿No queremos formalizar? Aquí tenemos un poderoso instrumento para fines administrativos y de políticas públicas. Oro en polvo para la SUNAT, el MTPE, el MIDIS y el sistema financiero. Al ser voluntario, además, inhibe a los informales con ingresos “altos” (que incluye a las actividades ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería informal, el contrabando, etc.), lo que será de utilidad para la SUNAT. Quedarán también al descubierto los que no quieran salir de la informalidad (numéricamente son menos, pero son). Y se podrá cruzar la información con los sistemas de RUS y RER, con los viajes al exterior, etc.

Los ciudadanos peruanos, así como reciben los beneficios del gasto público en educación, salud, seguridad, entre otros, deben también –una vez al año– declarar sus ingresos promedio mensual. No decimos pagar sus impuestos, pues la enorme mayoría (¿95%?) estará muy por debajo del ingreso imponible. El no declarar ingresos debe estar sujeto a las mismas reglas de no votar en las elecciones. Debe de ser parte de la ciudadanía.

Se puede aplicar ahora y/o en la siguiente cuarentena (si tuviese que darse). ¿Quieres el bono “Quédate en casa”? Declara tus ingresos mensuales y promete que guardarás cuarentena. Una herramienta, además, baratísima si vemos los costos que ocasionará la pérdida de PBI en el 2020 y el 2021 contra un escenario sin COVID-19.

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