(JOEL ALONZO/GEC)
(JOEL ALONZO/GEC)
Fernando Rospigliosi

Analista político

Perseverando en el error y usando información dudosa o falsa, el Gobierno prorrogó por cuarta vez una cuarentena que en la práctica ya ha terminado porque la población la está desacatando. Con esta decisión, seguirá arruinando la economía, destruyendo empresas formales y arrojando a la miseria a millones de peruanos, sin impedir la propagación del virus cuya difusión ya es indetenible.

La cuarentena terminó hace ya algún tiempo, cuando miles de personas empezaron a romperla, la inmensa mayoría por necesidad y no por irresponsabilidad como afirma el presidente. Esa es la cruda realidad.

Algunos medios de comunicación han mostrado algunos casos, como la invasión del mercado de Santa Anita por cientos de comerciantes en pleno toque de queda o la proliferación de ambulantes en el centro de Lima. El tránsito vehicular y peatonal es incontenible.

Cualquiera que no esté infectado por el virus de la adulonería al Gobierno puede constatar esa realidad. El médico Elmer Huerta lo advirtió: “Por lo que estamos viendo en el Perú, ya la gente no aguanta una extensión de la cuarentena” (América TV, 7/5/20).

Sin embargo, el Gobierno, más bien por razones políticas, se niega a admitir la realidad. Tiene miedo a lo que inevitablemente ocurrirá cuando termine la cuarentena, más infectados y más muertos. Eso va a suceder de todas maneras, pero la destrucción de la economía hará que las consecuencias sean muchísimo peores para millones de peruanos debilitados a consecuencia del hambre y más propensos a contraer todo tipo de enfermedades.

¿Estamos ante un fenómeno imprevisible producto de la incultura de los peruanos? En realidad, se trata de algo completamente predecible en un país con 70% de informalidad. Informalidad que ha ido moldeando lo que hace casi tres décadas denominé la cultura combi, caracterizada por la evasión y la transgresión de las reglas. ¿Qué esperaba el Gobierno? ¿Que se mantuviera el acatamiento de una estricta cuarentena por parte de una población que mayoritariamente carece de recursos para sobrevivir en una situación así? ¿Que muchas personas que viven habitualmente al margen de la formalidad de pronto empiecen a acatar normas que literalmente les impiden llevarse un pan a la boca?

La culpa no es de la gente sino de un Gobierno incompetente que dicta medidas sin tener en cuenta la situación real del país y la población.

A estas alturas de la crisis ya hay analistas en el mundo que empiezan a reconocer que las estrategias aplicadas en los países desarrollados no sirven para realidades como la del Perú.

“Dos investigadores de Yale publican un estudio en el que plantean que el coste de la cuarentena en los territorios vulnerables podría ser superior a los beneficios”, explica un artículo publicado en “El País” de España (4/5/20). Ellos concluyen que “los costes son mucho más altos en los países más pobres, debido al sector informal”.

Los problemas que advierten son tangibles, como la dificultad para transferir fondos estatales a quienes los necesitan.

En Estados Unidos unos 33 millones de trabajadores se han acogido al seguro de desempleo. Andrés Oppenheimer menciona el caso de un restaurante en Miami, cerrado temporalmente, cuyos trabajadores reciben US$600 semanales del seguro (El Comercio, 4/5/20). Y, por supuesto, no se aglomeran en colas desde las 4 a.m. en los bancos para tratar de cobrarlo, como aquí con los bonos, sino que reciben una transferencia en su cuenta. Ahora el presidente Martín Vizcarra descubre la pólvora cuando admite que el toque de queda, que él decretó, propició peores aglomeraciones en bancos y centros de abastos.

Ian Vásquez sostiene que la realidad de los países pobres “hace que la cuarentena obligatoria del pueblo no tenga sentido” y cita al premio Nobel de Economía Angus Deaton: “[Esa política] es probable que remueva el sustento sin mejorar la salud” (El Comercio, 5/5/20).

En suma, los costos de la cuarentena son mayores a sus beneficios.

El Gobierno dicta medidas para todo el país que solo algunas de ese 30% de empresas formales puede cumplir. Sería interesante que expliquen cómo van a mantener en sus casas a los informales mayores de 60 años, con sobrepeso, etc. Que aclaren cómo creen que van a sobrevivir las empresas que podrán funcionar recién en agosto, luego de seis meses, según la secuencia programada por los burócratas gubernamentales. Y que incluyan en esa secuencia de apertura mes a mes a los informales, al 70% de los trabajadores, que no están considerados en sus previsiones.

En conclusión, siguen postergando el desenlace de una crisis inevitable, que será peor mientras más prolonguen la cuarentena.

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