De la guerra a la reforma

No porque el congresista Roberto Chiabra haya planteado un proyecto de ley (atentatorio contra su institucionalidad) para que jueces y fiscales sean destituidos por el Congreso, en lugar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se puede obviar que estamos ante uno de los peores capítulos de la administración de justicia.

No porque la bancada de Fuerza Popular haya presentado un proyecto de reforma sobre la materia podemos voltear la mirada sin admitir que esa reforma es indispensable y urgente.

No porque el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia esté integrado por entidades que hoy son parte del problema y del conflicto (al que tranquilamente se puede calificar de ajuste de cuentas), como el Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la JNJ, el propio Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y que en breve se reunirá para sugerir salidas al grave problema de politización que aqueja al sistema, debemos cegarnos de plano y vetar estas últimas.

Más aún si lo que está en juego es una grave precarización de la confianza de la población en los operadores de justicia. Lo que los medios reportan a diario es una lucha encarnizada por el control de estamentos con influencia directa en la política, y de esta sobre el sistema judicial.

Sobre la reforma judicial se ha escrito bastante e intentado lo propio desde, al menos con el detalle que registra esta columna, mediados de los 90. La crisis actual no se origina, principalmente, en falta de normatividad o de procesos. Claramente los recursos (humanos y económicos) son limitados (como siempre).

Su particularidad es la pugna de bandos en conflicto, alimentada desde, por lo menos, el 2017 y el 2018, con el ingreso de la política y los políticos del ‘establishment’ de los últimos 30 años al banquillo de los acusados por los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos.

Dado que la crisis de gobernabilidad en el Perú, iniciada en el 2016 y de la que aún no terminamos de salir, ha tenido su propia saga política paralela en fiscalías y tribunales, cualquier intento de reforma actual debería tener como objetivo número uno reducir al mínimo la pugnacidad de los grupos en conflicto y aislar al máximo la influencia política y mediática que la acompaña.

Como cuando dos animales se pelean por comida, lo más urgente y saludable es quitarles la presa en disputa.