La semana que acaba de terminar ha sido adversa para el país por retrocesos en ámbitos tan importantes como la justicia, el sistema político, la educación y el medioambiente. Entre otras decisiones, la mayoría del Congreso ha dictaminado el debilitamiento sustantivo de la colaboración eficaz y, al eliminar las PASO –elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias–, ha impedido la democratización del proceso de selección de candidatos y la participación de menor cantidad de partidos en las elecciones generales. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se salvó por el momento –previo furor de la bancada de Renovación Popular–, pero su permanencia no está garantizada: las ganas de “castigar” a todos sus integrantes siguen latentes en un importante sector de parlamentarios.
Los críticos a estas arremetidas de la mayoría del Congreso –que, cabe recordarlo, tiene el respaldo de solo el 8% de la población según Ipsos, y del 5% según el IEP– han emitido sus indispensables objeciones. Sin duda, la baja aprobación ciudadana del Congreso y el Ejecutivo se genera en parte gracias a los debates que sacan a la luz la restricción de la independencia de poderes, el desprecio por la voz ciudadana, la primacía de los intereses de pequeños grupos y la falta de voluntad para sancionar a los responsables de los asesinatos durante las movilizaciones del sur.
Sin embargo, a estas alturas de la confrontación entre la mayoría ciudadana y los gobernantes, la resistencia crítica termina por ser insuficiente. El riesgo es que si una institución –o una persona– se mantiene como estrictamente reactiva a las iniciativas de ambos poderes, termina por hacerles un favor: en el país se acaba hablando solo de la agenda de los congresistas y de la presidenta. En tal dinámica, las propuestas propias –provengan de la derecha, el centro o la izquierda, de colectividades o de individuos– se diluyen o desaparecen.
Una agenda democrática –que alentaría la creación de un movimiento político opositor propositivo hoy inexistente– tiene la obligación de contener aspiraciones propias, junto con un relato que explique el contexto actual y le abra paso a la esperanza. Resulta peligroso que un sentimiento meramente pesimista lleve a la conclusión de que el país no tiene salida ni la tendrá jamás; es decir, un pesimismo no solo del presente, sino también del futuro. Si se imponen el “no hay salida”, el “da lo mismo quién gobierne” o el “nadie ofrece una salida viable”, será la gran victoria de quienes pretenden un país gobernado por grupos sin más proyectos que sus intereses personales o incluso vinculados a negocios ilegales.
¿Por dónde comenzar? Una reciente encuesta de Ipsos resulta útil para atisbar problemas a los que urge responder de una manera ambiciosa, crítica y eficaz. A la pregunta “¿y cuál de estas noticias o situaciones le ha preocupado más?”, las personas encuestadas ponen énfasis en el incremento de la delincuencia (28%), la situación económica del país (26%) y el fenómeno de El Niño (12%). Valdría la pena que aquellos que buscan ser oposición política o construir salidas democráticas –comprendidos quienes plantean adelanto de elecciones– tengan propuestas claras al respecto, además de la permanente y también urgente preocupación por la educación, la salud y la justicia.