La falta de Estado, una vez más

El 15 de marzo del 2017, Evangelina Chamorro emergió de entre el lodo y las piedras de un huaico en Punta Hermosa, a tres kilómetros de su casa en Pampapacta. Como cientos de miles de peruanos, Evangelina vivía con su familia en una vivienda precaria levantada sobre un terreno invadido, sin acceso a servicios básicos, sin título y en una zona de alto riesgo. Desde ese día hasta hoy poco ha hecho el Estado Peruano por resolver las necesidades más básicas de sus ciudadanos.

El Niño costero dejó 101 fallecidos, 140.000 damnificados y casi un millón de afectados. Destruyó 25.000 viviendas y 258.000 quedaron seriamente afectadas. Solo en Piura más de 11.000 damnificados tuvieron que ser reubicados en campamentos. Y aun hoy cerca de 2.000 familias damnificadas de Cura Mori y Catacaos siguen viviendo en campamentos; algunos habilitaron casas rústicas de esteras, triplay, barro y quincha, pero todavía hay quienes viven en las carpas donadas por el Indeci. En el 2017, el gobierno creó la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) que debía reconstruir toda la infraestructura dañada por El Niño costero. Pero para el 2022, la ARCC solo había ejecutado el 66% de su presupuesto. Y lo que es peor, las condiciones de vulnerabilidad son prácticamente las mismas que en el 2017.

El Perú está ubicado en una zona geográfica vulnerable a desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas y El Niño, que pueden generar tsunamis, deslizamientos, huaicos, inundaciones, lluvias extremas, heladas y friajes. Y, sin embargo, pese a que existen mapas que muestran cuáles son las zonas más vulnerables, no estamos preparados para enfrentar los desastres. Todos los años cientos de niños y ancianos mueren producto de las heladas y el friaje. Y todos los años nos contentamos con hacer colectas para enviar frazadas y abrigos, pero no resolvemos el problema de fondo.

La necesidad de acceso a vivienda para las poblaciones más pobres es una realidad que el Estado Peruano no ha podido resolver. El 52% de la población vive en barrios urbanos vulnerables. Más de la mitad de las ciudades en el Perú ha experimentado una expansión urbana del 50% de su área en los últimos 20 años, y cerca del 90% de esta expansión ha sido informal (Grade). Los ciudadanos adquieren lotes sin habilitación, sin título y en muchos casos en zonas de riesgo.

El Niño costero nos dio la oportunidad de reconstruir ciudades, de reubicar poblaciones que viven en zonas de riesgo e implementar medidas de prevención y mitigación de inundaciones, como sistemas de drenaje, la descolmatación (regular) de ríos y mejorar los sistemas de recojo y manejo de la basura. La mayoría de los botaderos de basura son informales y no existe un tratamiento adecuado, por lo que mucha de la basura termina en ríos y desagües, bloqueándolos y generando inundaciones que afectan en mayor medida a las poblaciones más pobres. Pero esta oportunidad fue desperdiciada y hoy estamos viendo los resultados con el ciclón Yaku. Seis años después de El Niño costero, las quebradas de San Idelfonso, San Carlos y El León en Trujillo han vuelto a inundarse llenando de lodo casas y calles. Trujillo se quedó sin agua porque el canal abastecedor de la planta se dañó por las inundaciones. En Huancabamba, Piura, 70.000 habitantes están aislados tras un derrumbe en la carretera Canchaque-Huancabamba, y en Lambayeque el desborde de los ríos Motupe y Lambayeque cubrió de agua casas, calles y cultivos. Los desastres naturales pueden revertir años de avances en el desarrollo y la reducción de la pobreza.

Si bien la magnitud del daño puede limitarse, la falta de gestión pública eficiente y de rendición de cuentas impide que ello ocurra. Nuestras autoridades no están acostumbradas a asumir la responsabilidad y las inversiones en infraestructura no son las adecuadas. No se trata solo de la incapacidad de las autoridades subnacionales, hay responsabilidad también en el Gobierno Central. El Perú es un país que tiene recursos económicos para invertir de manera adecuada y cerrar la brecha de acceso a infraestructura, pero la incapacidad en la gestión pública, la falta de visión y planes de desarrollo, y la corrupción son una barrera.