Las perspectivas del país podrían empezar a mejorar apreciablemente con un mínimo de alineamiento de los astros y lucidez de los actores. Los cambios ministeriales abren la posibilidad de una reactivación de la inversión privada y del crecimiento, al mismo tiempo que en el Congreso se aprobarían dos reformas políticas fundamentales para disipar riesgos el 2026 y mejorar la gobernabilidad futura: la bicameralidad y el impedimento para postular a quienes hayan cometido delitos graves.
Pero todo eso tiene que salir junto para producir un fuerte impacto en la confianza y en las inversiones. En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se estaría pensando en dar incentivos tributarios a la inversión privada en todos los sectores y en un impulso muy fuerte a la simplificación administrativa para reducir trámites y trabas, junto con una política de austeridad para reducir el déficit fiscal, mientras que en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se buscaría también una simplificación radical de la permisología, destrabar proyectos –el arranque de Tía María tendría un impacto enorme, pues dispararía muchas otras inversiones–, un plan serio de formalización minera y la recuperación del esquema del “aporte voluntario” que funcionó muy bien para incorporar a las mineras al desarrollo local y prevenir conflictos. E incentivos claros a la inversión petrolera para salir del marasmo de las últimas décadas en ese sector.
Todo eso bastaría para cambiar el clima de inversión y despertar los “espíritus animales” de los empresarios. Pero se necesitaría algunas reformas económicas de fondo para consolidar una recuperación orgánica, inclusiva y sostenible. Para eso hay dos proyectos de ley que fueron enviados por el MEF al Congreso y que el ministro José Arista debería revisar y modificar: la reforma del sistema de pensiones, que contiene una alta contingencia fiscal porque refuerza el sistema de reparto en lugar de ir a un sistema de cuentas individuales de capitalización en las que los consumidores puedan abonar parte del IGV que pagan cuando compran algo, incorporando así por fin a los informales; y el de simplificación de los regímenes tributarios, que también debe ser modificado para ir a una escala gradual y progresiva a fin también de incorporar a los informales y facilitarles el crecimiento, agregándole a ese proyecto algo similar para los regímenes laborales, tal y como han propuesto la Cámara de Comercio de Lima, IPAE y Macroconsult en lo que llaman el “combo formalizador”.
Si todo eso ocurre, solo quedaría el nubarrón de la incertidumbre de la elección del 2026. Allí se necesitaría que las fuerzas políticas de la centroderecha que ya están conversando hace meses dejen el diletantismo y avancen hacia unas bases comunes de plan de gobierno para darle un norte al país. Y que se aprueben las reformas políticas arriba mencionadas, más algunas que permitan que los mejores vayan a la política.
Al mismo tiempo, sería conveniente canalizar los impulsos punitivos del Congreso hacia una discusión y debate amplio de propuestas de reforma serias sobre cómo nombrar a los magistrados o cómo plantear una reforma de verdad de largo plazo en esas entidades. Allí tenemos el proyecto de Gladys Echaíz que reemplaza la Junta Nacional de Justicia por una Escuela Nacional de la Magistratura donde los postulantes a magistrados tendrían que cursar dos años para que ingresen los mejores, o la tesis de José Luis Sardón y otros de regresar a un sistema de nombramiento por los poderes elegidos, Ejecutivo y Congreso, donde la elección es transparente y vigilada por la opinión pública. O una comisión con juristas de primer nivel presidida por el presidente del Poder Judicial que ejecute la reforma, como propone Pablo Bustamante. Centrémonos en la discusión de propuestas serias.
Y poner fin a los juicios por donaciones de campaña, que son una forma de persecución política, para pacificar la política y aminorar la polarización.
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