A dos años del bicentenario, por Elmer Cuba

Luego de casi 200 años de fundación de la República, las cifras de nuestro PBI per cápita muestran que estamos en el puesto 11 entre 18 países de América Latina. Muy por debajo de Chile, Uruguay, México o Argentina, que tienen 1,8, 1,6, 1,5 y 1,5 veces más PBI per cápita que el Perú, respectivamente. Solo adelantamos a Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y a los países de Centroamérica (con la excepción de Costa Rica). Ello, a pesar de haber sido la estrella del crecimiento en la región en los últimos 20 años.

No obstante, con la clase política –como un todo– y el Estado actual corremos el serio riesgo de quedarnos afuera del grupo de países que alcanzarán el desarrollo económico en las próximas tres décadas.
El anuncio de las intenciones del Ejecutivo de dejar el poder y adelantar un año las elecciones generales del 2021 ha abierto todo un abanico de posibilidades. En cualquier caso, el período de transición política ya ha comenzado. Sin embargo, en términos del ciclo económico, no es irrelevante la fecha de las elecciones ni cómo llegue el gobierno a las mismas. La incertidumbre afecta las decisiones de gasto privado. Mientras esta dure menos, mejor.

Ahora bien, si tuviésemos que escoger tres políticas para acelerar el crecimiento económico, estas serían las de educación, inversión privada y productividad. Es decir, lo típico. Por lo menos deberíamos ser capaces de cumplir con lo típico.

En el caso de la educación, será crucial mejorar la calidad del docente. Ello tiene que ir acompañado de una mejora sustancial en sus remuneraciones reales. Paradójicamente, ya no se escucha mucho sobre este asunto, a pesar de lo central que resulta para el futuro de la nación.

Por su parte, la inversión privada aún tiene mucho que avanzar si aspiramos a alcanzar niveles de intensidad que se asemejen a los de los países desarrollados. La tasa de inversión privada se ha venido estancando y ya no resulta consistente con crecimientos del PBI mayores al 4% para los próximos años.

Finalmente, tenemos esa “caja negra” llamada productividad. Esta implica, en pocas palabras, hacer más con lo mismo. O hacer lo mismo con menos. Su definición puede parecer fácil, pero su diagnóstico adecuado resulta bastante complicado. Por ello, es crucial fortalecer el Consejo Nacional de Productividad, dándole una mayor institucionalidad y un mayor presupuesto.

El gobierno “saliente” ha acertado en hacer suyos tres objetivos: la reforma del sistema judicial, la del sistema político y las mejoras en la competitividad de las empresas que operan en el territorio peruano.

En lo que respecta al primero, aunque la reforma judicial ha atravesado un comienzo lento y accidentado, todavía es posible enderezar la ruta y apurar el paso. En un primer nivel, hay que mostrar al mundo y a la ciudadanía que nuestro sistema judicial es capaz de juzgar a sus exautoridades en sonados casos de corrupción. Ello ayudará también a contrarrestar a segmentos extremistas que buscan arrasar con la poca institucionalidad que queda en ese poder del Estado. Es perentorio mostrar un sistema de justicia eficaz y políticamente neutral. En un segundo nivel, la reforma habrá sido exitosa cuando tengamos procesos judiciales justos, predecibles y en plazos razonables. Que el ciudadano común confíe en que sus procesos tendrán las características mencionadas. Por lo visto hasta ahora, empero, ese día aún parece lejano.

El segundo es la reforma del sistema político. Ahí tenemos menos esperanzas. Las normas aprobadas, si bien avanzan en la dirección correcta, no parecen ser suficientes para lograr –en promedio– mejores representantes parlamentarios. Peor aún con el bajo incentivo para una carrera política que se verá afectada por la intermitencia obligada por la no reelección de congresistas y de las autoridades subnacionales.

El caso de la competitividad de las firmas es un tema un poco más complejo. Las empresas operan con elevadas ineficiencias internas y externas a estas. En el primer caso, tenemos un bajo nivel de capital humano. Cientos de miles de trabajadores con bajos niveles educativos se enfrentan a un mundo competitivo y cada vez más tecnológico. Asimismo, el capital por trabajador en el Perú es muy bajo en relación con los países desarrollados. Es decir, el proceso de acumulación de capital no ha sido desplegado aún con mayor intensidad y extensión en todo el territorio nacional. En el segundo caso –ineficiencias externas–, vemos que las instituciones y las legislaciones se encuentran mal adaptadas a la realidad nacional y que resultan poco funcionales para lograr la eficiencia económica. A ello, además, debemos sumar los bajos niveles de infraestructura.

Las grandes reformas tendrán que esperar otro alineamiento de astros para que la siguiente configuración del poder despliegue toda su energía en estos propósitos. Estamos a tiempo de encaminar nuevamente al país en la senda del desarrollo económico, pero el mundo no nos espera.
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