Abril visto a través de los Editoriales de El Comercio

El 24 de abril las dos rutas del corredor amarillo de Lima paralizaron sus operaciones. Los problemas que motivaron esta decisión, sin embargo, no son exclusivos de dicha línea y podrían llevar a la paralización también de los corredores rojo y azul en los próximos meses, salvo que las empresas a cargo del servicio lleguen a un acuerdo con las autoridades. De lo contario, Lima se quedará sin corredores y uno de los pilares de la reforma que inició hace casi una década podría caerse ante la mirada impávida de nuestros políticos.

“Urge una solución rápida, pero sostenible que evite que las pistas de Lima se queden en unos meses sin corredores, tal y como podría ocurrir si las cosas siguen como hasta ahora”.

Léelo aquí

El 25 de abril se celebró en Palacio de Gobierno una ceremonia por el duodécimo aniversario de la Alianza del Pacífico. El proyecto, como se sabe, está conformado por México, Colombia y Chile, además del Perú, y busca fomentar la integración entre sus miembros a diferente nivel, desde el económico hasta el del libre tránsito de personas. Sin embargo, la efeméride llega en el momento más crítico del proyecto, con uno de sus integrantes (México) negándose a entregarle la presidencia pro témpore del organismo –como corresponde– al Gobierno Peruano alegando falazmente que la administración de Dina Boluarte está viciada de nacimiento. 

“Estas y otras patrañas vertidas por AMLO y Petro han llevado al Gobierno Peruano a retirar a sus embajadores en México y Colombia; decisiones que, aunque afectan los lazos con dos de los tres socios de la Alianza del Pacífico, eran necesarias para protestar contra quienes vienen usando su cargo para tratar de lavarle la cara a quien intentó subvertir el orden constitucional en nuestro país”.

Léelo aquí

En los últimos días del mes, la presidenta Dina Boluarte decidió refrescar el Consejo de Ministros con cuatro nuevas designaciones. Sin embargo, apenas un día después de jurar al cargo, los cuestionamientos contra el flamante titular de Justicia, Daniel Maurate, comenzaron a brotar en diferentes medios. Y en cuestión de horas, este Diario reveló también que otros dos recambios –la ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez y el de Trabajo, Antonio Varela Bohórquez– estuvieron incluidos en su momento en investigaciones fiscales. 

“En el mejor de los escenarios, estamos aquí ante una situación de desidia que ha llevado a un gobierno que ya estaba en problemas a incurrir en nombramientos desatinados. Es decir, que, en lugar de ganar oxígeno político, lo ha perdido”.

Léelo aquí

En la mañana del 23 de abril Alejandro Toledo llegó al Perú, extraditado desde los Estados Unidos, donde permanecía prófugo de la justicia nacional desde el 2017, cuando se dictó su prisión preventiva en nuestro país por el Caso Odebrecht. Toledo ocupa hoy una celda en el penal del fundo Barbadillo, donde también se encuentran recluidos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Así, el Perú se ha convertido en el único país del planeta en tener, simultáneamente, a tres exmandatarios presos, diferentes ideológicamente, pero, al parecer, iguales en cuanto a su catadura moral. La situación debería llevarnos a reflexionar sobre cómo estos hoy presidiarios terminaron liderando al país, aupados gracias al respaldo de millones de peruanos.

“Si antes nuestros proyectos de nación morían en guerras o en golpes de Estado, hoy acaban en Barbadillo, un recinto de menos de un kilómetro cuadrado que ha terminado siendo el depositario de las esperanzas de millones de peruanos”.

Léelo aquí

Desde hace un puñado de años, diferentes instituciones peruanas vienen advirtiendo sobre la ocurrencia de un sismo de gran magnitud frente a nuestras costas. Esto no es alarmismo, es ciencia. Y, sin embargo, año tras año la sociedad peruana y sus autoridades parecen adormiladas ante la posibilidad de un desastre que, como nos ha demostrado la historia, está siempre a la vuelta de la esquina. Aunque no podemos evitar el próximo terremoto, la prevención ciudadana sí podría salvar miles de vidas si nos la comenzamos a tomar –todos– en serio.

“Llevamos 277 años de silencio sísmico. Casi tres siglos en los que la energía capaz de desencadenar un gran terremoto se ha venido acumulando frente a nuestras costas y que podría liberarse de golpe en cualquier momento”.

Léelo aquí

La violencia contra la mujer no tiene cuándo acabar. Peor aún, solo parece recrudecer, tanto en su frecuencia como en su animosidad contra las víctimas. En abril, la muerte de una enfermera en Puno que fue salvajemente atacada por dos compañeros de su centro de labores para violarla remeció al país y volvió a demostrar lo urgente que resulta como sociedad inspeccionarnos sobre las razones por las que semana a semana se sigue matando mujeres en el Perú. Estamos tocando fondo.

“Con el paso de los años, con la terquedad de los mismos vicios que tienen a las mujeres como objetivo, resulta innegable que estamos ante un problema sistémico. Cada caso trasciende a las víctimas y a los perpetradores y nos dibuja la imagen desoladora de una sociedad que, hay que decirlo, está podrida”. 

Léelo aquí

Treinta y cinco años después del asesinato del periodista Hugo Bustíos en Ayacucho, el Poder Judicial decidió condenar a prisión a Daniel Urresti como coautor de este infame crimen. Urresti, sin embargo, no es un personaje cualquiera: en los últimos tiempos ha sido desde ministro del Interior hasta congresista, además de candidato tanto a la presidencia de la República como a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El problema es que sus líos legales se conocían, por lo menos, desde el 2007 y que, a pesar de ello, a muchos funcionarios, políticos y partidos no les importó apadrinarlo para que llegue hasta lo más alto del Estado Peruano.

“Evidentemente, Urresti llegó –o estuvo a punto de llegar– a varios de estos puestos por el voto de cientos de miles de personas… pero también porque algunos dirigentes o políticos oportunistas prefirieron taparse los ojos ante los graves señalamientos con los que cargaba para apadrinarlo políticamente”.

Léelo aquí

El 11 de abril el país amaneció con la noticia de que numerosos inmuebles relacionados con la Universidad Alas Peruanas (UAP), con los herederos de quien fuera su fundador, Fidel Ramírez, y con el sobrino de este, Joaquín Ramírez, eran allanados e incautados por las autoridades por un caso que investiga supuestos usos de la casa de estudios para lavar activos provenientes de un fraude contra los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (Alaspe) ocurrido varios años atrás. El asunto es delicado en la medida en que Joaquín Ramírez, como se sabe, fue hasta hace poco secretario general de Fuerza Popular y desempeñó un papel clave en la organización que preside Keiko Fujimori.

“Todo gran derrumbe genera una densa polvareda y el desplome de Alas Peruanas seguramente tendrá reverberaciones en nuestro sistema político que iremos conociendo con el paso del tiempo”.

Léelo aquí

En la primera semana de abril, un conductor fue asesinado por un limpiaparabrisas tras negarse a tomar sus servicios. A raíz de ello, el alcalde de Surco, Carlos Bruce –seguido rápidamente por los burgomaestres de otros distritos–, propuso prohibir el trabajo de los limpiaparabrisas en su jurisdicción. La medida, sin embargo, parece más un intento desesperado por demostrarle a los ciudadanos que se está haciendo algo para atajar la creciente inseguridad ciudadana en lugar de priorizar medidas que podrían tener un impacto real y sostenible en la lucha contra este flagelo.

“Es evidente que, si la policía y el serenazgo no se dan abasto para reprimir todas aquellas otras actividades que ya son consideradas delito, ponerlas a perseguir ahora una práctica tan difundida y que, en principio, no es criminal, solo va a acarrear mayor zozobra”.

Léelo aquí

Presidentes estadounidenses involucrados en problemas legales ha habido algunos tantos a lo largo de la historia. Imputados, jamás… hasta que llegó Donald Trump. A inicios del mes anterior el republicano fue formalmente acusado por 34 cargos en un caso que implican presuntos pagos irregulares a tres personas para que no revelasen información que podría afectarlo en los últimos meses de la campaña presidencial que lo llevó a la Casa Blanca en el 2016.

“Como han recordado algunos juristas estadounidenses en los últimos días, la legislación del país no prohíbe comprar el silencio de una persona; sí penaliza, en cambio, maquillar documentos para hacer pasar dichas operaciones como gastos de campaña. Y esto es lo que, en última instancia, el fiscal a cargo del caso, Alvin Bragg, le atribuye a Trump”.

Léelo aquí