El último intento populista en educación

Gracias a la Ley del Profesorado de 1984, los docentes sin título pudieron enseñar en colegios públicos con cargo a regularizar su situación luego de culminar sus estudios. Después de 30 años y de varios avisos, esa ventana se cerró con la Ley de Reforma Magisterial. Y estos docentes, llamados interinos, fueron cesados.

Desde entonces, presenciamos sucesivos intentos que buscaron, por la vía legislativa, su reposición automática sin éxito. Hasta que este Congreso aprobó una ley para dicho fin, a pesar de la oposición del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Consejo Nacional de Educación.

Esta ley se sumó a otra que buscó lo mismo contra viento y marea para aquellos docentes contratados por más de tres años seguidos. A estas alturas, es visible un espíritu legislador en contra de la reforma magisterial, tal y como sucedió con la universitaria. Así, esta ley tendría tres afectaciones potenciales sobre la calidad educativa, los docentes y el interés superior del niño. Vayamos por partes.

Con miras a incorporar a la Carrera Pública Magisterial a más de 14.800 docentes interinos bajo meritocracia, en el 2014 se realizó una evaluación específica. De este total, una baja porción se inscribió, 5.315 docentes, de los que solo 546 lograron aprobar la prueba. El resto no aprobó o no se presentó.

Este resultado es una medida de sus capacidades hace casi 10 años. Sería prudente, en aras de la calidad educativa, volver a medir sus competencias antes de facilitar su ingreso automático. De manera previa, debería darse una capacitación intensiva, ya que los docentes interinos culminaron sus carreras hace más de 10 años y es coherente que requieran actualizarse.

Una segunda consecuencia es sobre los docentes que se preparan para rendir las pruebas de nombramiento e ingresar a la carrera con mérito. Durante la última prueba de ingreso, participaron más de 275.000 docentes que buscaron una de las plazas ofertadas, las que podrían ser más escasas si los docentes interinos son automáticamente nombrados.

Más allá de ello, este trato diferenciado reduciría los incentivos intrínsecos de la prueba como un desafío creíble para alcanzar mejores condiciones laborales y reconocimiento social. Varios perderán entusiasmo para esforzarse y mejorar sus competencias si saben que existen más de 100 congresistas dispuestos a bajar la valla, presos del populismo y con actos poco éticos.

La tercera consecuencia tiene que ver con el interés superior del niño. Les fallamos cuando fuimos uno de los países de América Latina con mayor número de semanas con escuelas cerradas. Abrimos restaurantes, discotecas, centros comerciales, cines, gimnasios y, por último, las escuelas. Y ahora volvemos a fallarles priorizando los intereses laborales del mundo adulto sobre el derecho de la niñez, quienes merecen contar con el mejor docente posible en sus aulas.

No generalicemos. Deben existir muchos docentes, bajo la condición de interinos, que están de acuerdo con una salida meritocrática a su situación y, por lo tanto, no debemos estigmatizarlos bajo la angurria de un grupo inescrupuloso de nuestra política.

Tampoco veamos que todo es una amenaza, ya que esta movida del Congreso puede tener un efecto colateral de cohesión. Ahora que escasean las razones para integrarnos como peruanos, fortalezcámonos en la convicción de que ni los docentes con amor por su profesión, ni las familias que desean lo mejor para sus hijos e hijas aceptarían esta norma. Y, ciertamente, no la desearía alguien que quiera un Perú mejor. Este podría y debería ser el último intento populista en educación.