El próximo domingo, los peruanos acudiremos a las urnas para endosarles a 130 compatriotas la representación en el Legislativo. Y si bien el encargo será breve –poco más de 15 meses–, lo cierto es que tenemos una vez más la oportunidad de escoger a personas que promuevan una agenda positiva y constructiva para el país.
La oferta congresal, por cierto, ha desatado críticas de todo tipo. Lamentablemente, es lo que es: una subrepresentación de lo que somos, de nuestras taras y virtudes. Algo hay, de igual manera, en el sistema de incentivos para que se presenten –a sabiendas de las mochilas– tantos personajes cuestionados e, incluso, sentenciados.
Dicho esto, es responsabilidad de los ciudadanos informarnos para que la selección final cuente con una mayoría que cambie, así sea levemente, la actual tendencia –peligrosa, en mi opinión– en la que nos encontramos: ni las instituciones se fortalecen, ni la economía se reactiva ni la sociedad se moderniza. Mientras tanto, las fuerzas populistas ponen en riesgo lo avanzado: cuestionan un modelo que, con sus deficiencias, ha brindado desarrollo a millones, y promueven –en la derivada– el saqueo de las reservas y la estabilidad monetaria y fiscal.
Así, mientras el mundo desarrollado prospera aceleradamente, aquí seguimos en discusiones estériles y retrógradas. Y si bien es competencia del Ejecutivo establecer los lineamientos centrales de política pública, el adecuado desarrollo del país proviene de un trabajo armónico del Estado.
El próximo domingo, entonces, tenemos una cita con esa alternativa: elegir menospreciando las consecuencias finales de dicha decisión o apostar por quienes promueven una agenda de desarrollo acorde con las tendencias globales.
Es necesario trabajar reformas institucionales que nos permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de leyes claras y sensatas, que faciliten las distintas aspiraciones ciudadanas y que se administren e interpreten en un sistema honesto, predecible y accesible. Estas reformas, por cierto, le competen más al Legislativo que al Ejecutivo.
Luego está la promoción de la productividad local. Una economía eficiente mejora los ingresos y las oportunidades de todos. Perdemos ingentes recursos cada año por regulaciones caras, torpes y antojadizas (lo que, además, abre la puerta a la corrupción). La altísima tasa de informalidad laboral (cercana al 75%) es una llamada sobre la inadecuada estructura regulatoria y tributaria. Y si a ello le sumamos una paupérrima dotación educativa y sanitaria, el resultado es una oferta productiva de bajo valor agregado.
Finalmente están los ajustes sociales, culturales y ambientales. Las mejoras tecnológicas son transversales a la sociedad, pero están cambiando múltiples planos que afectan la manera en que nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. No podemos seguir minimizando las crecientes amenazas de dichos cambios, así como el elevado costo que les cargamos a las futuras generaciones.
No podemos seguir eligiendo a personas cuestionadas, conflictivas y mercantilistas, para luego asumirnos irresponsables de los resultados. Si los peruanos merecemos más de nuestra clase política, en cada elección –y esta es crucial– tenemos una oportunidad para optar de manera responsable, convirtiéndonos así en ejecutantes del cambio. Claro, eso es si nos lo proponemos.