Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que algunas cárceles de Brasil son conocidas por tener supuestamente más teléfonos móviles que reclusos, y la modalidad más habitual de extorsión es la que consiste en las llamadas que los delincuentes hacen usando la información personal de la víctima del robo de celulares.
Pero a veces la cadena criminal puede ser más amplia: A llama a B y le exige un depósito mensual de US$5.000 a cambio de que no ejecute a una parte de su familia. Sabe quiénes son y dónde viven en Venezuela. B llama a C y le exige un depósito mensual de US$7.000 para no ejecutar a su hermano y a su padre, que viven en un barrio de San Juan de Lurigancho, en Lima. C llama a C1, C2 y C3 y les exige que le depositen, cada uno, US$3.000 mensuales para no torturar o ejecutar a algún familiar; C1, C2 y C3 son repartidores de delivery y eventualmente se dedican, además, a robar celulares alrededor de San Borja; C1, C2 y C3 no se conocen entre sí, y tampoco conocen a B.
Esta cadena no es una fórmula algebraica. Así funciona el crimen organizado, según el citado informe. Y es una máquina de recaudar dinero a través de células que tienen cortafuegos entre sí, y que funcionan en cadena y de manera jerárquica, tal y como sucede con algunas redes celulares.
El crimen organizado es un fenómeno global, y es posible gracias a la tecnología que incluyen los teléfonos celulares. Sin embargo, los celulares son solo instrumentos, cuya tenencia y uso ya están regulados en el país, según lo explica el Informe Final del Grupo de Trabajo Multisectorial ad hoc liderado por la PCM –a través de su Secretaría de Gobierno y Transformación Digital– para definir acciones que combatan la ciberdelincuencia y los usos ilegales de elementos tecnológicos como los teléfonos.
Dicho documento destaca medidas para prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos terminales móviles, como es el caso del establecimiento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que está a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pero que aún no está implementado del todo.
Por ello, tal y como bien advierte la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) en sus comunicados vía X, es necesario evitar iniciativas legislativas como las que se vienen promoviendo en la Comisión de Justicia del Congreso, que fortalecen el populismo punitivo afectando a agentes absolutamente ajenos a la criminalidad como las empresas operadoras de telecomunicaciones.
Si ya existen medidas que están esperando ser implementadas, lo que está faltando es premura en la implementación. No se necesitan más leyes, se necesita celeridad y eficiencia en la activación de lo que ya existe.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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