Protestar es un derecho legítimo, pero, para ser efectivos, necesitamos claridad sobre a quién reclamar. El Congreso, por su naturaleza visible, suele ser el blanco más evidente; sus debates son públicos y accesibles, lo que facilita que la crítica recaiga sobre él. El Ejecutivo, aunque igualmente sujeto al escrutinio, opera de manera menos expuesta. No tenemos el mismo acceso a sus deliberaciones ni a los intercambios que moldean sus decisiones. Esta diferencia hace que, naturalmente, enfoquemos más nuestra atención en el Congreso.
Ayer, el editorial de este Diario mencionaba cómo los comerciantes de Mesa Redonda protestaban frente al Congreso, reclamando algo que, en realidad, es de competencia municipal. Estas situaciones se repiten, en parte, porque no siempre está claro quién debe responder a nuestras demandas, entonces gravitamos hacia la institución más accesible para concentrar nuestros reclamos. Pero no debemos olvidar que el Congreso no es el Ejecutivo. No ejecuta políticas, no construye carreteras ni garantiza seguridad inmediata. Su rol es legislar, ejercer control político y representar a los ciudadanos. Acá hablo en general de estos poderes como instituciones. El Congreso tiene el poder de hacer leyes que encaucen la concreción de ciertos objetivos (como la lucha contra la inseguridad ciudadana), pero no con resultados inmediatos.
Por eso es crucial saber qué reclamos dirigir a quién. ¿Queremos que se derogue una norma? Entonces sí, nos tenemos que dirigir al Congreso. ¿Queremos ver resultados rápidos contra la inseguridad ciudadana? Tenemos que mirar al Ejecutivo y exhortar al Congreso a que ejerza su función de fiscalización para asegurar que el Ejecutivo, pues, ejecute.
Es cierto que el Congreso es un espacio legítimo de protesta, pero las demandas que no apuntan al poder adecuado pueden llevar a que congresistas –guiados por una necesidad de ganar aprobación– promuevan leyes que terminen causando más daño que beneficio.
Los peruanos tenemos el derecho de protestar contra nuestras autoridades. Pero para lograr un impacto efectivo es vital tener claridad sobre las competencias de cada poder. Dirigir nuestras demandas correctamente no solo optimiza los resultados, sino que evita que el Congreso responda precipitadamente a expectativas que no le corresponden y que no lograrán resolver el problema de fondo.
Como ciudadanos, nos toca empezar por encauzar nuestras demandas con claridad y en los espacios acertados. Busquemos que nuestras autoridades no solo nos escuchen, sino que actúen, sabiendo que los peruanos tenemos claro a quién debemos responsabilizar y que no dudaremos en hacerlo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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