Maite  Vizcarra

El Centro de Innovación de IPAE y Cofide decidieron unir esfuerzos a mediados del 2013 para crear un espacio de aceleración de start-ups (empresa emergente). Así nació el Cofide Lab y fue en ese espacio donde tuve la suerte de conocer a –yo lideraba entonces el centro de innovación–, cuando era una prometedora nueva empresa tecnológica que buscaba probar su modelo de negocio con nuestra ayuda.

Viendo en retrospectiva el devenir de esa start-up, uno podría pensar que ha tenido un crecimiento exitoso, coronado con su compra por un grupo empresarial potente. Por ello, me ha desconcertado toda la mala prensa en redes sociales en torno de Joinnus, a propósito de su relación con el Gobierno –vía el Ministerio de Cultura (Mincul)– en medio del berenjenal acaecido en .

No voy a porfiar con lo del berenjenal –en el que hay indicios de corrupción– porque, para suerte de ese patrimonio de la humanidad que es Machu Picchu, el lío ya se habría apagado, por lo pronto. Pero sí creo entretenido analizar lo fácil que es crear ruido cuando existe ignorancia.

Ignorancia sobre cómo funcionan plataformas como la de Joinnus que son casi estándar y que sirven para hacer más fácil el pago de lo que compramos en línea. Eso es lo que se conoce como una pasarela de pago, y es un instrumento digital que nos asegura que lo que compramos en Internet se hace de manera segura, transparente y confiable. Otra vez, este negocio está tan difundido que es de los más estandarizados.

Entonces, probablemente toda la resistencia que se creó en torno del acuerdo entre el Mincul y Joinnus con seguridad descansa en consideraciones que no son propiamente técnicas. Valga indicar, además, que los contratos de este tipo tienen acuerdos de nivel de servicio (SLA), en los que se ajustan los requerimientos a lo que específicamente se necesita.

Solo por aclarar, no estoy defendiendo a nadie en particular. Estoy poniendo el acento en la urgencia de mejorar nuestra alfabetización digital y evitar ser inducidos al error por desconocimiento. Y aunque la solución que el gobierno de la señora Dina Boluarte ha tomado es la ruta de crear su propia pasarela de pagos –aún no se sabe exactamente si será una solución propia o ‘in house’, o si también será tercerizada–, no está de más ponerse a pensar por qué con frecuencia el Estado Peruano se equivoca tanto en la compra de soluciones tecnológicas.

Claro está que en el berenjenal de Machu Picchu no se han discutido las fortalezas de la plataforma ni su SLA, sino que un discurso ideológico empañó la posibilidad de analizar públicamente la pertinencia de eso que algunas multilaterales como el BID y la CAF sugieren impulsar en los gobiernos de Latinoamérica. Las llamadas compras públicas innovadoras.

Pero como en esta columna pretendemos ir más allá de la anécdota, debemos señalar que lo relevante es decir que las compras públicas innovadoras son críticas para facilitar una estrategia que acelere la transformación digital del Estado hacia un nivel en el que los datos, la digitalización y la innovación sean recursos de uso corriente en todo el quehacer público. Y en esa tarea, comprarles tecnología a nuevas empresas tecnológicas es algo más que útil.

Porque las compras públicas son un gran catalizador de la innovación y dinamizador de los emprendimientos digitales. De hecho, según la CAF, en el 2021 los gobiernos de todo el mundo gastaron cerca de US$450 mil millones en tecnología.

Los beneficios de impulsar nuevas empresas de tecnología, como en su día fue el caso de Joinnus, y que estas start-ups ayuden a innovar al Estado Peruano son una buena manera de ayudarlo a ser eficiente.

Pero, como bien decía un amigo, “ayúdame a ayudarte”. Si el Estado Peruano no se deja ayudar, será complicado que se beneficie de los frutos del Govtech, Civictech y otras fortalezas de la digitalización contemporánea.

Maite Vizcarra Tecnóloga, @Techtulia

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