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A Pedro Castillo se le atribuye tres delitos de corrupción.
Cuando a una persona se le acusa falsamente, lo primero que hace es demostrar su inocencia. Cuando es autoridad, debe comparecer y demostrar que se trata de una calumnia.
Castillo, para responder, recurre a la política. No quiere que hablemos de sus atribuidos actos de corrupción.
El Gobierno amenaza subrepticiamente al Congreso con el cierre. Se habla de eso, ya no de la corrupción.
El primer ministro Aníbal Torres fue al Congreso a pedir un voto de confianza. Si se lo niegan, en teoría, cae el Gabinete. Se presenta un segundo Gabinete, plantea lo mismo, se vuelve a negar la confianza y, entonces, el presidente puede cerrar el Congreso.
El presidente del Consejo de Ministros ha hecho una amenaza. Ha dicho que, si el Congreso no admite esta solicitud, considerarán que este se rehúsa a dar la confianza.
Este “rehusamiento” de la confianza se puede dar, sostiene Torres, por cualquier mecanismo, como el de declarar la “improcedencia”. ¿Y si es improcedente? ¿Y si no se trata de una cuestión de confianza? ¿Se debe hacer caso a Torres?
Un gato tiene cuatro patas. A un animal de dos patas no podemos llamarlo “gato”. Un pollo es un pollo, así lo llamemos “gato”.
Aníbal Torres quiere hacernos creer que es “cuestión de confianza” lo que el Gobierno dice… porque el Gobierno lo dice. La Constitución señala claramente para qué es la cuestión de confianza. Se presenta, dice el texto, para respaldar “la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión” (artículo 130).
El Tribunal Constitucional lo reafirmó. Esta institución brinda al Ejecutivo posibilidades “en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera” (STC 0006-2018, fundamento 75. Énfasis mío). ¡No para hacer reformas a la Constitución!
La cuestión de confianza es lo que dice la Constitución, no lo que dice Aníbal Torres. El Gobierno plantea una “cuestión de confianza” que no se refiere a la política del gobierno. O sea, no plantea una “cuestión de confianza”.
Lo de Torres no es una verdadera “cuestión de confianza”. Desconocerla como tal, sin embargo, equivale para él, a rehusarse a dar el voto de respaldo.
El Congreso, sin embargo, no puede dar trámite a un recurso que no es “cuestión de confianza” como si lo fuera. El Congreso no puede hacer pasar por gato lo que es pollo. El ministro Torres pide derogar la ley 31399. Esta ley ratifica que no se puede cambiar la Constitución fuera de esta. Se
debe respetar el artículo 206. Toda reforma constitucional, dice, debe ser aprobada por el Congreso. El Gobierno planteó una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley 31399.
Ahora se saltea al Tribunal Constitucional para pedir al Congreso derogar la ley. La amenaza es: si declaras que no procede mi “cuestión de confianza”, entonces la considero “rehusamiento”. Por tanto, hago caer mi Gabinete. Así, quedo más cerca del cierre del Congreso.
El Gobierno quiere revolotear el gallinero. El propósito: que el barullo impida ventilar las acusaciones y las responsabilidades de Pedro Castillo.
No aceptemos los procedimientos matonescos y las amenazas. No nos dejemos engañar para que tapen las denuncias.
