Desde hace ya algunas semanas, mientras en el Congreso se discute la vacancia y el presidente se victimiza, el Ejecutivo ha tomado particular interés en hablar de recuperación económica y confianza empresarial. Tanto es así, que presentan como un logro no haber expropiado nada.
En ese discurso, sin embargo, hay un punto que no aparece ni de casualidad: la recuperación del empleo. Para el Gobierno, ese asunto se resume en un par de ideas perdidas y sin mayor relevancia dentro de un mensaje a la nación de 20 páginas. El tema no es prioridad, ni les interesa.
Es cierto que esperar avances o una estrategia coherente de una administración que improvisa sobre la marcha es bastante ingenuo. Y que, excepto por algunos comentarios como los del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, el Ejecutivo aparenta creer que no tiene injerencia en este tema.
El problema, no obstante, es que el vaso está que se rebalsa desde hace rato. Pero, hasta ahora, la mayoría de las medidas del exprofesor sindicalista y presidente del Perú, Pedro Castillo, apuntan a afectar la calidad del empleo en el país.
Solo así se podría entender que Betssy Chávez se mantenga a la cabeza de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Porque, más allá de haber heredado y continuado la perniciosa “Agenda 19″ de Iber Maraví, lo que ha promovido la ministra durante su gestión le cae tan mal a la generación de empleo adecuado como las papas fritas al ceviche.
No es solo que Chávez haya apoyado una iniciativa legislativa para retirar el 100% de las AFP. Ni que al momento de sustentarla haya afirmado que se puede ver “en redes sociales” la necesidad de acceder a estos fondos. Tampoco que el MEF le haya llamado la atención y explicado que esa medida es negativa y descapitalizaría al Estado.
Y aunque eso ya debería descalificarla para el cargo al mostrar una lógica cortoplacista, poco técnica y populista, la lista sigue y es bastante larga. En lo que respecta a la generación de empleo adecuado, recordemos, si no, cómo apenas dos meses después de ingresar al ministerio, Chávez anunció el “nacimiento” de una escuela sindical del Gobierno. Apuntando a dejar sus prioridades claras, esa idea estuvo tan mal articulada que hasta la CGTP terminó pidiendo su salida.
O también como publicó en una edición extraordinaria de “El Peruano” una norma que prohíbe parcialmente la tercerización laboral sin haberla discutido siquiera con otras carteras en el Consejo de Ministros. ¿Cuál será el resultado de esa decisión? Hacer todavía más difícil la contratación formal en un país donde casi cuatro de cada cinco trabajadores no tienen derechos laborales.
Ahora, como parece que mejorar la calidad del empleo no le importa al Ejecutivo (a menos que se trate de amigos de Perú Libre), la última idea de la ministra es aumentar el sueldo mínimo. Según afirmó, lo que busca es “atender las necesidades de los trabajadores”, aunque olvida decir que apenas un 4% de ellos se vería beneficiado por el incremento, mientras millones se mantendrán en la informalidad.
Todo esto empeora al ver los números que publica el INEI. Según el último reporte del mercado laboral, en el 2021 el empleo adecuado todavía se encontraba 10,7% por debajo del nivel prepandemia y la población subempleada 13,4% por encima. Además, la informalidad laboral es 1,5 puntos porcentuales más alta que en el 2020 y 4,1 puntos mayor que lo que era en el 2019.
Por si lo anterior fuera poco, la Presidencia del Consejo de Ministros liderada por Aníbal Torres quiere ahora que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) pase al Ministerio de Trabajo. Como si lo que viene implementando la ministra Chávez mereciera ser recompensado y replicado. ¿Quedará algo de meritocracia para el final de este Gobierno?
Hay, por supuesto, una lección que sacar de todo esto. Ya que, si algo enseña la administración de Castillo, es que la improvisación en la gestión pública es bastante dañina. Pero cuando esta viene acompañada de una alta dosis de proactividad, el resultado es todavía peor.
Contenido sugerido
Contenido GEC