En el complejo tejido del marco laboral, la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de la productividad empresarial se entrelazan en un delicado equilibrio. Recientemente, el Congreso aprobó un dictamen destinado a proteger a los padres trabajadores, otorgándoles una “salvaguarda’' contra el despido durante el primer año de vida de sus hijos, siempre que la madre se encuentre desempleada, gestando o en período de lactancia.
Aunque esta medida pretende proteger los derechos laborales, su posible impacto en la productividad y la inversión empresarial debe ser considerado con cautela.
La realidad del país demanda un marco normativo claro que asegure la seguridad jurídica en todos los ámbitos. Esto es esencial para establecer un entorno de trabajo estable y justo tanto para los trabajadores como para los empleadores. Cuando las reglas son claras y predecibles, las empresas pueden planificar sus operaciones y estrategias de contratación de manera más efectiva. Esto, a su vez, contribuye a la creación de empleo y a la estabilidad económica. Según el experto laboralista César Puntriano, la estabilidad la debe generar el propio trabajador a partir de su productividad y el sistema de penalización del despido debe ser transparente, existiendo predictibilidad.
El debate sobre la efectividad de esta prerrogativa al despido también está en juego. ¿Es acaso la protección contra el despido durante el primer año de vida de un hijo una medida que realmente fomente la productividad y el crecimiento económico? Estas medidas podrían generar un impacto negativo en la eficiencia empresarial, al desincentivar la inversión en nuevas oportunidades y la creación de empleo formal. Además, existe la preocupación de que estas medidas puedan promover la informalidad laboral. Cuando las regulaciones laborales son excesivamente ambiguas y desproporcionadas, algunas empresas optan por evitar su cumplimiento, prefiriendo contratar empleados de manera informal para evitar los costos y responsabilidades asociadas con la formalidad, logrando una reducción en la recaudación de impuestos y promoviendo la competencia desleal entre empresas.
Frente a la disyuntiva, es prioritario buscar alternativas que equilibren la protección de los derechos laborales con la necesidad de mantener un entorno laboral productivo y competitivo. Esto implica la implementación de políticas que fomenten la promoción de prácticas laborales flexibles que permitan a las empresas adaptarse a las necesidades del mercado, así como la capacitación y el desarrollo de habilidades de los trabajadores. Por lo que es vital que el Gobierno y los actores empresariales trabajen en conjunto para encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas, garantizando un desarrollo económico sostenible y equitativo en el país.
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