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Familiares de senderistas muertos en la matanza de los penales en 1986 hicieron una caravana fúnebre por las calles de Comas. Enterraron sus restos en un mausoleo en un cementerio del distrito.
Los cadáveres fueron entregados por el Ministerio Público. Según el alcalde Miguel Saldaña, la fiscalía encargada recomendó exonerar de los gastos a los deudos. Y los exoneraron.
“No es nuestra competencia, declaró el alcalde, revisar si son o no terroristas”.
El caso trae de nuevo a superficie los graves problemas institucionales por los que una locura criminal, como la de Sendero Luminoso, llegó tan lejos.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, advirtió que “si los efectivos de la Dircote tuvieron ese video, lo que tuvieron que hacer es actuar. Su función no es entregar videos a la prensa”.
El problema frente a este tipo de criminalidad no se ha resuelto. Los prosenderistas se han organizado. En el sector Interior, el ministro no coordina con el jefe de la Dircote. El general José Baella explicó a la prensa que se trató de un video colgado en las redes desde el 29 de agosto.
El ministro no sabía. El ministro adelantó opinión. El ministró no consultó con el jefe de la Dircote.
¿Y así vamos a detener los intentos de Sendero Luminoso de reorganizarse e insertarse a la vida política del país?
Organizó el entierro y la procesión fúnebre en Comas la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (Afadevig). En el mausoleo cuatro personas subieron al techo, prendieron unas bengalas con humo rojo y sostuvieron una banderola roja.
La banderola decía “¡Por la imborrable memoria histórica de los prisioneros del Frontón, Lurigancho y Callao!”.
Según la policía, se trata de excarcelados por terrorismo. Tienen derecho a enterrar a sus muertos y tienen derecho, incluso, a llevarlos en caravana fúnebre. Eso no quiere decir, sin embargo, que no nos indignemos y que no impidamos que la propaganda terrorista surta efecto.
Los prisioneros de esos penales eran terroristas. Habían colaborado con asesinatos y acciones subversivas. Hicieron toma de rehenes en los penales.
El gobierno de entonces repelió esta acción delictiva coordinada y organizada por Sendero Luminoso. Lo hizo de la peor manera, sin duda, pero nada de eso disuelve los delitos cometidos por esos miembros del grupo terrorista.
La banderola debería decir: “Por el repudio de los actos criminales que cometieron estos delincuentes”.
No fueron prisioneros políticos. No purgaron prisión por sus ideas, sino por sus actos. Fueron actos criminales de matanza, sabotaje, extorsión, secuestro, entre otros.
Los que reivindicaron a estos criminales senderistas están vinculados al Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), derivado a su vez del Movadef. Es una alianza de senderistas, etnocaceristas y otros grupos.
Ellos piden “¡Solución política, amnistía general y reconciliación nacional!”. Solución “política” significa decisión arbitraria por encima del derecho y las leyes.
Solución “política” significa desestimar la solución judicial y legal. Eso no es solución de nada. Eso es, simplemente, la disolución de la sociedad civil y el imperio de la fuerza.
No se puede reclamar la amnistía para los asesinos y para los que trabajaron para los asesinos. No podemos pensar en amnistía para genocidas, asaltantes y destructores de la propiedad.
No podemos reconciliarnos con aquellos que mataban por razones de clase social, de posición ideológica o vinculación partidaria. No podemos reconciliarnos con la muerte.
El ministro debe tener eficaz y rápida coordinación con el jefe de la Dircote. El municipio tiene que saber a quién exonera de los gastos municipales.
La fiscalía tiene que sustentar por qué recomendó que se exonere de esas tasas municipales a quienes querían enterrar a los senderistas.
Que no nos ganen esta vez la burocracia, la negligencia, la lenidad. Estamos a tiempo y estamos advertidos.
