Unos entran, otros salen, por Fernando Rospigliosi

Esta semana fueron detenidos el ex gobernador del Cusco Jorge Acurio y el abogado Francisco Zaragozá, implicados en el pago de una coima de Odebrecht. Y salieron en libertad Wilfredo Oscorima e Yván Vásquez, ex gobernadores de Ayacucho y Loreto que estaban sentenciados por corrupción, al anularse sus condenas.

Días atrás reapareció el músico Eduardo Saettone, quien se encontraba prófugo, luego de que el Poder Judicial cambiara su sentencia de prisión efectiva a condicional por el atropello y muerte de una persona. Saettone no se sometió al dosaje etílico luego del accidente. También se le cambió la prohibición de volver a manejar de por vida, ahora el brevete solo se suspende por cuatro años.

En la Costa Verde Guillermo Riera, presuntamente en estado de ebriedad, atropelló y mató a tres motociclistas. Huyó abandonando a las víctimas, no pasó el dosaje etílico y mandó a un empleado suyo para que se responsabilizase falsamente ante las autoridades mientras él escapaba al extranjero.

El de Riera puede considerarse un comportamiento lógico, si se toma en cuenta el caso de Saettone. Si se tiene el dinero necesario, los contactos indispensables y los abogados apropiados, en el Perú se puede quedar impune a pesar de los agravantes (fugarse, no hacerse prueba de alcohol y drogas).

Los casos de Oscorima y Vásquez muestran que, a pesar de las evidencias que llevaron a sentenciarlos por corrupción, las cosas pueden cambiar pulsando los resortes adecuados. Ayuda también el hecho de no ser muy conocidos en el ámbito nacional. En medio del vendaval de denuncias contra ex presidentes, ministros, grandes empresas y millones de dólares en sobornos, esos casos muchas veces se pierden como noticias secundarias.

Las nuevas evidencias que han aparecido últimamente sobre Madre Mía confirman lo que se sospechaba: se cometieron los delitos y luego se compraron y amedrentaron testigos para que cambien su versión o permanezcan callados. Y se manipuló el Poder Judicial que terminó absolviendo a Ollanta Humala.

En síntesis, todo lo anterior tiende un manto de incertidumbre sobre el resultado de las investigaciones y las posibles sanciones respecto a los casos de corrupción vinculados al Lava Jato, dado que, como muestra la evidencia, el sistema judicial no es confiable.

La detención de Acurio y Zaragozá se produjo porque un funcionario de la empresa brasileña Odebrecht los denunció y dio los detalles de la coima. Según la acusación fiscal, el abogado fue el encargado de fabricar los mecanismos para ocultar la ruta del dinero y ponerlo a buen recaudo en cuentas a nombre de empresas creadas para ese efecto.

Hasta el momento de convertirse en gobernador regional, Acurio era un delincuente de poca monta, a pesar de lo cual pudo ganar una elección importante con la camiseta del humalismo. Él fue vacado de ese cargo porque lo sentenciaron a cuatro años de prisión suspendida por “colusión desleal” por delitos cometidos cuando era empleado de un municipio provincial. También fue condenado a prisión suspendida por otros delitos cometidos cuando era alcalde del distrito de San Sebastián.

Cuando pasó a ligas mayores, saqueando el enorme presupuesto que tiene el Cusco gracias al canon del gas de Camisea, Acurio tuvo que recurrir a los abogados que le recomendó la empresa para crear cuentas y compañías ‘offshore’.

Algunas conclusiones. Primero, no es seguro que los culpables de la corrupción que se ha destapado con Lava Jato vayan a ser sancionados. La experiencia muestra que el sistema judicial sigue siendo ineficiente y corrupto, y que no ofrece ninguna garantía. El hecho que existan algunos magistrados competentes y honestos no cambia las cosas.

Segundo, se sigue dependiendo de los resultados de las investigaciones en Brasil y otros países. Acá no se descubre nada significativo.

Tercero, las personas que delinquen lo hacen a sabiendas que tienen una alta probabilidad de quedar impunes o con sanciones menores. Haciendo un balance de costos y beneficios, consideran que vale la pena correr el bajo riesgo de ser atrapado y sufrir penas importantes.

Cuarto, si todos saben lo anterior, cabe preguntarse por qué los políticos que controlan el gobierno y el Congreso no hacen nada para cambiar esta situación y reformar el sistema judicial, como prometieron en la campaña del año pasado.