¿Sabe dónde y cuándo se inició la extorsión como modalidad criminal organizada en nuestro país? César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad, debe tener datos de esos inicios puesto que entonces ya había sido elegido alcalde de Trujillo. Fue en el 2006, cuando los populosos barrios trujillanos de Tambo de Mora, El Porvenir y la Esperanza comenzaron a ser sometidos por delincuentes que cobraban cupos a transportistas para permitir el paso por sus territorios.
La reseña de esos inicios la describen Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera en la segunda edición ampliada y actualizada de “Las economías criminales y su impacto en el Perú”. La investigación que recorre las principales economías ilegales del país señala con cifras cómo es que las alertas empezaron a teñir de peligrosidad la región de La Libertad, para que, cinco años después, en el 2012, las altas tasas del delito de extorsión cubran casi todas las regiones de la costa peruana.
Sin embargo, en los dos últimos años, se ha detectado un crecimiento vertiginoso en todo el país, desde la solicitud de cupos a ambulantes, constructoras, pequeños y medianos empresarios, hasta el popular préstamo gota a gota y la casi rutinaria extorsión telefónica. Según un informe de “Punto final” (Latina) publicado el domingo pasado, solo en el 2023, las denuncias por extorsión crecieron en un 44%. Sobrevivir hoy a la amenaza de los indolentes criminales es un sufrido estilo de vida para cientos de miles de aterrorizados ciudadanos.
Es difícil encajar el avance de la delincuencia fuera de un contexto de inestabilidad política, crisis económica (pospandemia) y altas corrientes migratorias. Digamos que todas las alertas estaban prendidas y esta guerra ya estaba avisada. Por eso, no solo sorprende que a autoridades con tanta experiencia y responsabilidad política como César Acuña les pille la violencia delincuencial de los extorsionadores como una novedad, sino también un Ejecutivo que sostenga a un ministro del Interior con dos mociones de interpelación y cero propuestas para establecer políticas públicas que nos saquen del hoyo en el que nos hundimos.
Según los estimados de la investigación realizada por Valdés, Basombrío y Vera, actualizada al 2023, el negocio de la extorsión representa una economía de US$758 millones anuales en el país. Todos reconocen que se dirige desde las cárceles, involucra organizaciones internacionales y corrompe autoridades en diferentes niveles. Esto último lo ha aceptado el comandante general Víctor Zanabria frente a Mónica Delta. ¿Cuáles serán los recursos económicos, profesionales y tecnológicos que puedan hacerle frente a la quinta economía ilegal más grande del país?
Lo que está en ciernes es una guerra urbana que se asume con una precaria gestión, liderazgo e inteligencia. Cuando llegue el momento, es probable que la débil fuerza del Estado se vuelva bruta y achorada.
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