Un paro por el orden

El hartazgo ante la violencia cotidiana de los extorsionadores contra los transportistas trajo como reacción el paro de empresarios –semiformales en su mayoría, pero empresarios–, así como de choferes y cobradores, los desprotegidos trabajadores del sector. En algunos distritos se les sumaron pequeños, medianos e incluso grandes comerciantes, como los del conglomerado textil de Gamarra, que también se saben desprotegidos. En ciudades como Huancayo el paro fue total.

Los promotores del paro y quienes lo acataron demandan seguridad para trabajar con la garantía de que no están arriesgando su vida. Exigen más y mejor Estado en relación con un derecho básico: la seguridad ciudadana. En una situación normal, esta demanda debería abrir la posibilidad de discutir, con el sector de transportistas, las condiciones y el camino más prudente y realista para alentar un proceso de formalización que preserve de la violencia y mejore el servicio.

Los movilizados no se están enfrentando al “orden”; por el contrario, lo reclaman. Por eso, sorprende que el Gobierno los trate como enemigos. El hecho de ser semiformales o informales –como el 75% de los trabajadores en el Perú– no les quita su derecho a protestar por la defensa de sus vidas y de su fuente de ingresos. Aun así, el Ejecutivo los terruquea y en el Congreso la mayoría se resiste a derogar la Ley 32108 que, como denuncian los dirigentes sectoriales, limita la lucha contra las organizaciones criminales.

Un camino para enfrentar la urgencia –son varios los que habrá que transitar– es lograr que se estructure una coalición en defensa de la vida y el trabajo. El mejor ejemplo de que esto es posible es el pacto por la negociación colectiva y contra las mafias que mantienen desde hace 21 años Capeco y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Por ser una experiencia construida sobre la base de dos actores sólidos –algo de lo que carecen aún el sector transportes y otros–, no será fácil reproducirla. No obstante, la urgencia es un incentivo que debería hacer que los actores se muevan en esa dirección. Eso sí: un requisito esencial para imaginar una coalición social con futuro –capaz de alcanzar acuerdos– es que los actores institucionales reconozcan que todos comparten la misma condición de ciudadanos. Seguir mirando por sobre el hombro a quienes protestan no traerá sino más y mayores desencuentros.