El actual proceso electoral adolece de carencias que lo convierten en lento, reglamentarista y de difícil manejo por los organismos del sistema electoral.
Ello por la deficiente actuación del Congreso en la aprobación de las normas electorales, el debilitamiento de los partidos políticos y la reducción a la condición de ‘convidado de piedra’ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la etapa de aprobación de normas.
Pese a estas carencias, el proceso se puso en marcha y los partidos, unos con más eficiencia que otros, trabajaron en los términos exigidos por la legislación electoral para cumplir con los requisitos de democracia interna, plazos y tramitación previa a la inscripción y registro obligatorios para participar en el proceso electoral.
No han sido pocas las observaciones formuladas por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y los jurados especiales electorales para admitir a trámite y registrar candidaturas, sin que este trámite engorroso haya derivado en acusaciones que pongan en tela de juicio el proceso electoral. No corrió igual suerte la candidatura de Julio Guzmán, de Todos por el Perú, que finalmente el JNE declaró improcedente, aunque apelable.
Es entendible el malestar que esta decisión haya podido causar en Guzmán. Pero lo que no es admisible es que un candidato que pretende la Presidencia de la República profiera insultos y acusaciones no probadas que ponen en grave riesgo la credibilidad del proceso electoral en curso.
En efecto, no es aceptable que Guzmán lance la acusación de fraude a la no inscripción de su candidatura. Fraude es el engaño consciente, el acto que deliberadamente produce un daño. En fin, es la “acción dolosa ejecutada solo con el fin de procurarse un beneficio ilícito, en perjuicio y a expensas de otro”.
El fraude es un delito concertado. ¿Quién ha sido el cómplice del acto que según la acusación ha cometido el JNE para perjudicarlo a usted, señor Guzmán, y beneficiar a otra candidatura u organización? Al parecer, esta afirmación ha sido proferida sin un conocimiento cabal de la naturaleza delictiva de esa figura.
No obstante, la ratificación por el JNE de la improcedencia de su candidatura, por conducta partidaria lesiva a la democracia interna, ha obligado a Todos por el Perú y a Guzmán a presentar un recurso extraordinario de agravio ante el JNE, que al menos reconoce el camino legal que debe seguir para ejercer el reclamo que le permita ser parte del actual proceso electoral, lo cual lo obliga a reconocer la autoridad del JNE que apenas hace unos días acusó de fraudulento.
Por lo menos ahora, aunque en su conferencia de prensa del jueves 10 haya bajado el tono de protesta y referido en unas de sus respuestas a “evidencias de fraude”, Guzmán ha fundamentado su recurso en el concepto de “equidad”. Obviamente no se puede ser fraudulento y equitativo a la vez. Se trata de un dilema de aquellos sobre los que reflexiona Immanuel Kant, en su “Crítica de la razón pura” (1781), que asumo ha leído Guzmán.
Como se trata de un razonamiento lógico, de consecuencias jurídicas, Guzmán tendrá que entender que si la igualdad que reclama consiste en que se sancione a todas aquellas candidaturas (por lo menos seis) que habrían incurrido en conductas similares a las que lo han sacado del proceso electoral, la consecuencia jurídica sería la nulidad del proceso electoral.
En el otro extremo, la solución sería que el JNE lo reincorpore al proceso y tampoco se investigue ni sancione a nadie. ¿Por equidad? ¿No es ese otro escenario, que por burla al electorado conduciría igualmente a la nulidad del proceso electoral?
No, no creo acertada la defensa de Guzmán, pero en el terreno político ha ganado mucho. Se ha convertido en un líder carismático. Señor Guzmán, piense y prepárese para el 2021.