Múltiples asechanzas sobre la PNP, por Carlos Basombrío Iglesias

La Policía Nacional del Perú (PNP) dista mucho de ser perfecta. En eso no se diferencia de la mayoría de nuestras instituciones. Lo que sí la hace casi única es su entrega y sacrificio en las circunstancias más difíciles en las que el país la ha requerido.

Cuando sucedió el fenómeno de El Niño costero del 2017, fueron los primeros en estar al lado de la población, salvando vidas y arriesgando las suyas. Sufrieron enormemente durante la pandemia por la corrupción de no pocos de sus jefes, que aprovecharon para enriquecerse en las compras de sus equipos de protección. Pero igual estuvieron en primera fila y fueron más que diezmados por el COVID-19. Casi un tercio de sus miembros sufrieron la enfermedad y alrededor de 1.000 murieron o quedaron con severas secuelas.

Y ahora, con el nuevo Gobierno, enfrentan múltiples y nuevas asechanzas.

Quizá la más notoria de todas es la presión a la Dircote por parte del ministro del Interior Juan Carrasco para evitar determinadas investigaciones por terrorismo; un hecho que he denunciado basándome en fuentes que lo saben de primera mano y en las que tengo absoluta confianza.

A ello, se suma la desproporcionada y sospechosa intervención de la inspectoría de la PNP. Una que, en el menos grave de los supuestos, constituiría una torpeza mayúscula por parte de los que la decidieron y daría cuenta de un ministro en las nubes, que no supo prever la obvia lectura que esta acción tendría en la opinión pública.

Debe ser muy difícil que una circunstancia tan anómala, en la que una dirección policial tiene el encargo de los fiscales para investigar a los más poderosos políticos de un país por el delito más sangriento y repudiado, haya ocurrido antes en otro lugar del mundo.

Si el Congreso no considera que situaciones así merecen una comisión investigadora, entonces no sé bien qué la ameritaría.

Lo mismo se puede decir de la Diviac, presionada también para no profundizar sus pesquisas en el caso de ‘Los Dinámicos del Centro’. Cabe preocuparse porque suceda lo propio con la Dirección de Lavado de Activos, que debe investigar al primer ministro Guido Bellido por esos temas.

Y allí no quedan los malos tratos. El presidente Pedro Castillo anunció en su mensaje a la nación la creación de rondas urbanas para trabajar en la seguridad ciudadana, dotándolas de recursos y logística (¿sueldos y armas incluidas?). Con ello, el mandatario ha expresado su profundo desconocimiento sobre el esfuerzo que viene realizando la policía para promover juntas vecinales, que datan de fines de los 90 y que existen en la gran mayoría de los barrios pobres del país con un perfil apolítico, preventivo, desarmado, ajeno a la estructura del Estado y, en muchos casos, bastante eficaz.

Por su parte, el ministro de Justicia Aníbal Torres ha planteado que, más bien, sean los militares los que entren a luchar contra la delincuencia. Este anuncio resulta ofensivo para las Fuerzas Armadas, cuya especialidad desconoce y cuya dedicación desprecia, asumiendo que sus efectivos se encuentran descansando en un cuartel a la espera de que les den trabajo, cuando en realidad les sobran misiones que cumplir. También es insultante, por supuesto, para la policía, cuyo profesionalismo y esfuerzos –los que, más bien, requieren ser potenciados por el Gobierno– desconoce. En este tema, una vez más, la extrema izquierda y la extrema derecha coinciden en una visión autoritaria sobre lo que hay que hacer en el Perú.

Sumándole al desprecio el agravio, el indulto a Antauro Humala ha sido puesto de nuevo en agenda por el primer ministro y por el todopoderoso Vladimir Cerrón, lo que constituye una ofensa cruel no solo para sus familiares y compañeros de promoción o de unidad, sino para todos los policías. En el ‘Andahuaylazo’, asesinaron a sangre fría a cuatro de sus compañeros. Horas después, el propio Antauro lo festejó, diciendo: “hemos matado a cuatro perros del Estado”.

Por supuesto, expresiones como esta –y peores– vinieron de Sendero Luminoso, que entre 1980 y el 2000 asesinó a 681 policías y dejó lisiados a 101. Casi ninguno en combate franco; muchos de un balazo por la espalda para robarles sus armas y otros en ataques a comisarías en zonas apartadas (añádase a esto el gran número de policías que han corrido la misma suerte en los 20 años siguientes).

¿Qué puede sentir un miembro de la policía cuando ve que el hoy presidente del Consejo de Ministros elogia a Edith Lagos, quien debe de haber tenido varios policías muertos en su haber? O cuando, interpelado por una periodista por estas opiniones, el jefe del Gabinete Ministerial responde: “¿qué tienes tú contra los senderistas?”.

Coda: Repudio la hostilización contra la familia del ministro Aníbal Torres ocurrida en días pasados en su domicilio. Ratifico mi rechazo a las acciones de violencia del grupo fascistoide autodenominado ‘La Resistencia’, muy cercano al fujimorismo. Las necesarias marchas ciudadanas en defensa de la democracia no serán tales mientras esa sea la lógica y ellos sus protagonistas. Defendamos la democracia, sin partidismos y sin violencia.

Otrosí digo: La renuncia de Héctor Béjar no borra la ofensa a la Marina y al país entero. Una que alcanza a quienes irresponsablemente lo propusieron y nombraron.