Liderazgo gaseoso

En los últimos 20 años, el gas natural ha sido utilizado como fuente de discursos políticos. No obstante, la masificación no llega y casi todo el país –salvo Lima y algunas regiones– sigue esperando el “gas a S/12″. Solo el 21% de peruanos tiene acceso a gas natural y pueden ahorrar hasta S/160 mensuales (Promigas).

Además, nos quedan aproximadamente reservas para 17 años, lo que nos lleva a preguntarnos qué está faltando para que avance la ansiada masificación del gas, y en particular para que llegue al sur andino, de donde se extrae este recurso natural.

Ahora bien, esta masificación no puede sustentarse en camioncitos que transportan gas natural, pues esto duplica el precio al usuario final y reduce su accesibilidad (Redes). Ni tampoco en gastar dinero del FISE en redes de distribución que –sin gas natural– solo sirven para que el Gobierno pueda firmar goles que no ayudan a nadie.

Lo que está faltando es inversión relevante en grandes ductos de infraestructura que sirvan de arterias para llevar el gas hacia las regiones. Desde el Estado, se tiene como opción retomar el paralizado Gasoducto Sur Peruano (GSP), debido a su valor social para desarrollar el centro-sur andino. Sin embargo, es una opción difícil técnicamente, muy costosa financieramente, pero que, además, no puede avanzarse porque está envuelta en controversias arbitrales desde el 2018.

Pero, con una crisis de abastecimiento de electricidad ‘ad portas’ y, principalmente, con millones de peruanos esperando el gas, se deben buscar alternativas y tomar decisiones para poner en valor las reservas que nos quedan y las que podamos desarrollar, como el Cándamo.

Una alternativa es la propuesta de TGP, que planteó en setiembre TGP Extensión Sur al Minem. Un proyecto que costaría US$2.000 millones, casi cuatro veces menos que el GSP, y que puede ejecutarse más rápido: en solo dos años.

Este proyecto, que iría desde Pisco por la costa hacia Arequipa y Moquegua con capacidad de 300 millones de pies cúbicos por día, tiene el valor de ser autofinanciado por la garantía de demanda existente, lo que va a permitir mejorar el abastecimiento eléctrico (puesto que va a llevar gas al Nodo Energético Sur que hoy no lo tiene) y tener gas disponible para realizar una verdadera masificación en la costa sur del país.

Más allá de quién termine ejecutando el proyecto, lo que es imperativo es aprovechar la demanda de gas existente en la costa (generación eléctrica, petroquímica, industria desarrollada) para ir avanzando con la masificación, más aún si lo que se le ofrece al Estado es poner en valor rápido el gas, sin arriesgar dinero público.

Sin embargo, reclamos como el del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien amenazó con que “no habrá ni una molécula de gas a favor de otras regiones si primero no se atiende al Cusco”, donde está Camisea, son válidos y también deben ser atendidos.

Para ello, se deben encontrar medios que hagan viables nuevos proyectos de transporte, como un ducto que conecte Camisea con Cusco y que costaría, según cálculos de TGP, US$850 millones y podría financiarse con el canon que Cusco recibe de Camisea. La alternativa, claro está, es que luego de los arbitrajes del GSP se encuentre otra solución dimensionando la demanda nacional.

Para avanzar por un camino u otro, debemos contar con la decisión política que incentive a las empresas en el ‘upstream’ a arriesgar capital en exploración para reponer las reservas de gas natural. En particular, el Gobierno debe tomar acción sobre el futuro de los contratos por vencerse de los involucrados en la cadena de valor del gas: TGP (2033), Cálidda (2033), Pluspetrol (2040), así como racionalizar requisitos para la obtención de permisos, lo que tendría un impacto positivo en el desarrollo de los proyectos en menor tiempo.

Lo que necesitamos para masificar el gas es un liderazgo político real. ¿Lo tenemos?