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La economía del Perú crecerá menos de lo previsto, según el Banco Mundial. Dicha entidad estima que lo haría en 2,4%, y podría empeorar.
El Gobierno actual ha debido enfrentar huelgas y paralizaciones. El bloqueo de carreteras, además de afectar derechos fundamentales, ha tenido un impacto en la producción.
Debe sumarse, también, la desastrosa administración de Pedro Castillo.
Asimismo, el Perú enfrenta los efectos del desastre natural causado por un ciclón y un período anómalo de lluvias y huaicos.
La trabada administración pública y el trabado gasto público a nivel central, regional y local han dejado desamparados a los damnificados y afectados.
Si no se aumenta la producción significativamente, el impacto será mayor.
El mayor obstáculo es la politización. El temor a la vacancia y los eventuales procesos penales inmoviliza al Gobierno actual. Tiene miedo de invertir y de convocar a la inversión.
La crisis climática podría servir, en realidad, para relanzar a la economía peruana. Eso depende de un afinamiento del gasto público y una aceleración de su ejecución.
La responsabilidad no es solo del Gobierno central. También le corresponde a los gobiernos regionales.
Todos los gobernadores que fueron electos en el 2018 y dejaron el cargo en diciembre del 2022 son, o han sido, objeto de alguna investigación fiscal. El 84% enfrenta procesos fiscales, según el Ministerio Público. El 70% se refiere a delitos de corrupción de funcionarios.
¿Cómo hacer obras y adelantar procesos con funcionarios de este tipo?
El Gobierno debe plantear un plan administrativo de emergencia. Este debe contar con la ayuda de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
El gobierno de Dina Boluarte debe ser claro con respecto a la inversión. Claro en las palabras, pero sobre todo en los hechos.
El Ejecutivo no puede someterse a los chantajistas que toman vías o incluso instalaciones. No debe hacerlo ni debe parecer que lo hace.
No se trata solo del Ejecutivo. La Municipalidad de Lima se encuentra enfocada, por ejemplo, en cancelar el contrato de la concesionaria Rutas de Lima.
Para resolver el contrato, la comuna recurre a la causa de “interés público”. Ese fue el ‘argumento’ que esgrimió Alan García cuando intentó estatizar la banca en 1987.
Si el gobierno metropolitano de Lima avanza en este acto de barbarie, los efectos caerían sobre el gobierno central y sobre todos los peruanos.
¿Qué fondo de inversión quisiera venir al Perú? ¿Qué inversionista de largo plazo pondría al Perú en su mapa?
Sin inversión no habrá crecimiento. Sin crecimiento, no venceremos la pobreza. Sin recursos no podremos enfrentar el desastre natural actual y los venideros.
Según Antonio Raimondi, el fenómeno de El Niño ocurre desde hace 40 mil años (“Registro histórico de El Niño”, Minam).
El Niño no tiene por qué causar tanto daño. Y con daño me refiero a los estragos que causa en la vida de las personas, en sus viviendas, bienes y a su posibilidad de vivir una vida digna.
Los trabajos de encauzamiento, de protección ribereña y de descolmatación de cauces deben estar en los presupuestos.
Para todo eso se necesita dinero. El dinero no se crea en una imprenta, se hace sobre la base de la producción. Y a la producción la echa a andar la inversión.
No puede pasarnos lo mismo que pasa desde hace 40 mil años, sin que hagamos nada. Este gobierno tiene la gran chance de convertir la crisis en una oportunidad.
