Si algo ha quedado claro con la (no nueva) crisis estructural en el Ministerio Público es que algo anda profundamente podrido ahí. Ser la entidad titular de la acción penal en un país lleno de corruptos y de tolerantes a la corrupción, hace que su manejo de la “interna” sea particularmente complejo. Si a eso le añadimos que un alto porcentaje de nuestros políticos son objeto de investigaciones, tenemos una combinación explosiva cada vez que los caminos de unos y otros se cruzan.
Lo denunciado por la fiscal Marita Barreto es muy grave. Por ahora, se trata solo de una investigación y estamos obligados a hablar de presuntos delitos. Sin embargo, llama la atención lo jugados que están algunos sectores a favor de la posición de la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Si bien asumió una postura firme en las investigaciones a Pedro Castillo, eso no debería ser percibido como algo extraordinario, pues perseguir a un presunto delincuente era su trabajo. Quizás, su también presunta identificación con el “anticaviarismo” (a la que le veo más conveniencia que convicción) le haya valido ciertos respaldos pero, de ahí a continuar defendiéndola hasta hoy, después de lo que se ha conocido, me parece un error y una visión limitada de la realidad.
Si la fiscalía anda podrida, el Poder Judicial también. Su crisis es, por ahora, menos visible, pero basta recordar que hace solo unos años fuimos testigos de una inmensidad de audios que revelaron la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto” enquistada nada menos que en la Corte Suprema y en la que participaban también magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (entidad que fue reemplazada por la Junta Nacional de Justicia).
No es solo una crisis de corrupción, sino también de ineficiencia. Los procesos de toda naturaleza pueden durar décadas y no hay a la vista nada (ni nadie) que apunte a cambiar esa situación. Nuestra justicia es, además, impredecible. Más allá de lo que diga la ley, como ocurre con los abogados (que pueden sostener lo insostenible), los jueces pueden resolver situaciones similares utilizando criterios distintos. Es el día a día de los litigantes.
Dada la exposición que tienen nuestros políticos a la justicia, casi ninguno se anima a plantear alguna reforma estructural del sistema. De hacerlo, probablemente se les acusará de querer intervenir el PJ para sus propios intereses (y quién sabe si no sea cierto).
Nuestra crisis política no se limita a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se extiende al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo. En el día a día, nos hemos acostumbrado a ponerle los reflectores solo a los presidentes, congresistas y ministros. Nos acordamos de los jueces y fiscales solo cuando se cruzan con estos funcionarios y, el resto del tiempo, se la llevan fácil. Me refiero a que (con excepción de los fiscales que investigan a políticos) nadie anda pidiendo la cabeza de los jueces y fiscales, que renuncien, que se adelante su elección o exigiéndoles que planteen reformas para salir de su propia crisis. Ellos flotan y sobreviven como si nada pasará. Sueltan delincuentes y terminan reforzando la idea de impunidad. Si no hay justicia, la gente (y los políticos) hacen lo que les da la gana.
No solo necesitamos algunas reformas políticas, sino una profunda reforma de nuestro sistema de justicia. Siendo realista, dudo que esto parta de los propios jueces y fiscales. Quizá, si tenemos suerte, algún grupo político que llegue limpio a la próxima elección tenga el espacio y la fuerza (de la buena, la que se gana en las urnas con votos) para plantear y aprobar algo que de verdad mejore el sistema. El problema es que apelar a la suerte es siempre el último recurso.
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