Gobierno que desgobierna

El presidente Pedro Castillo quiere cargarle al Congreso el costo de su ineficiencia. Castillo no gobierna, o lo hace con ineficiencia extrema.

El presidente cree poder sustituir la gestión con la política. Quiere cargarle al Congreso el costo de la crisis. Quiere que creamos que los congresistas son los que no hacen la tarea que a él le toca.

Primero fue la propuesta de una ley para la castración química de los violadores de menores. Si el Congreso no la aprueba, quedaría la imagen de que los congresistas no actúan frente a los violadores.

La ley peruana establece cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años. No hay una pena más arriba de eso. Puede ampliarse el rango de edad, nada más.

El verdadero problema no está en la sanción, sino en la comisión de ese terrible delito. Más que castrados o condenados a cadena perpetua, queremos que no se viole a menores.

Para lograr el objetivo más importante se requiere mayor seguridad ciudadana y mucha prevención. El Gobierno no hace nada al respecto.

El presidente Castillo no mira el problema mayor, el delito, sino el problema de segundo orden, la sanción. En realidad, no mira el problema, sino que hace política.

La castración química propuesta, en realidad, fue un globo de ensayo. Preparó el terreno para una movida mayor: la propuesta de un referéndum para convocar a una asamblea constituyente.

El Gobierno no responde a la crisis económica con medidas gubernamentales. Responde con un proyecto de ley que enviará al Congreso.

Nuevamente, el Ejecutivo trata de acorralar al Congreso. Quiere hacer incluir en la próximas elecciones regionales y municipales una cédula de consulta sobre una nueva Constitución.

Tal proyecto ni siquiera debería ser debatido por el Congreso. Una medida tal sería ilegal. El Gobierno lo sabe, pero quiere arrimar la responsabilidad de la crisis al Congreso.

El paro agrario en el Cusco ha sido utilizado para infiltrar la exigencia de una nueva Constitución. Como si un cambio constitucional hiciera bajar el precio de la urea, de los alimentos o de la gasolina.

El cuento de la “segunda reforma agraria” ha pasado su factura. El Gobierno no ha hecho nada de lo que prometió. Lo que prometió, en el caso de los fertilizantes, por ejemplo, es ridículo.

El Ejecutivo aspira a quintuplicar la extracción del guano. Quiere pasar de 20 mil a 100 mil toneladas. El Perú importa 1,2 millones de toneladas de fertilizantes.

Ningún cambio legal o constitucional va a cambiar la guerra en Europa y su impacto en los precios de los fertilizantes. Casi el 40% lo importamos de Rusia.

Las sanciones económicas contra ese país no solo han impactado los precios de fertilizantes. También, los del petróleo, el gas, los fletes y los alimentos.

El Gobierno tiene que plantear políticas concretas para enfrentar la crisis internacional. En lugar de identificar el problema y enfrentarlo, se dedica a azuzar a la población en el interior del país.

El Gobierno no solo no gobierna, sino que desgobierna. Suma, a la crisis económica, la crisis política. Con ello no solo se dispara a los pies, sino que pone al país entero en un despeñadero.

No permitamos que el Gobierno evada su responsabilidad. ¡Que pare el desgobierno!