A fines de junio intervine en una actividad académica en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, en Cajamarca. Durante el almuerzo que siguió a la realización del acto, un profesor me preguntó si estaba de acuerdo con que el presidente cerrara el Congreso. Mi respuesta, por supuesto, fue negativa, basada en el fundamento de que sin Congreso no hay democracia, aunque este se trate de una asamblea en la que un buen número de sus integrantes dejan mucho que desear. El Congreso no solo es parte fundamental de la división de poderes que caracteriza a toda democracia, sino también es, por excelencia, el lugar en el que los representantes de los pueblos deliberan públicamente y la deliberación es consustancial a la democracia. Pero, por sobre todo, el Congreso es el ente que decide las normas que van a regir la vida de los ciudadanos en una sociedad.
Al Congreso pueden ser elegidos mujeres y hombres sin mayores condiciones que la de ser ciudadanos. Ello es democrático porque no excluye a nadie, con la salvedad de algunas excepciones señaladas por la ley de postulación al Poder Legislativo.
Desde hace 26 años funciona en el país este Congreso unicameral, resultado de una estrategia concebida y aplicada por el fujimorismo para poder controlar el Legislativo, como sucedió durante la corrupta dictadura de Alberto Fujimori y su entorno más cercano, y como sucede también ahora con esta agrupación política que es mayoría en el Congreso y cuyas desavenencias con el Ejecutivo han llevado al Perú a esta crisis política en la que la solución, sin pasar por alto algunas decisiones erradas del Gobierno, descansa en sus manos.
O adelantamos las elecciones o nos quedamos tensionados hasta el 2021, cuando se cumple el bicentenario de nuestra independencia. También se viene discutiendo si debemos retornar al sistema bicameral –que significaría ampliar el número de representantes–, que fue abrumadoramente rechazado por la mayoría de la población en el referéndum de diciembre. Como señala Raúl Ferrero en su reciente obra (que será presentada hoy a las 7 p.m. en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) titulada “Secuestro y rescate de la democracia (1992-2000)”, la principal ventaja del sistema bicameral consiste en que la Cámara de Senadores es elegida por distrito nacional único; es decir, representa a todo el Perú, por lo que sus miembros pueden tener una visión conjunta de todo el país. Además, el Senado, al ser una cámara revisora, “permite que las leyes sean vistas una vez más para corregir cualquier error o exceso que pudiera haber ocurrido en la primera cámara para aprobar el proyecto de ley”.
Ambas distinciones son claves, y las señala precisamente quien fue senador del Parlamento cerrado por Fujimori, quien, con dicho acto, se convirtió en un dictador: la forma más despreciable de gobierno.
Ya que hablo de este evento, aprovecho para hacer una precisión al artículo que escribí el pasado 30 de julio, y en el que comentaba la obra de Ferrero relatando lo que le sucedió después de haber sido desaforado. Al día siguiente del nefasto golpe, el 6 de abril de 1992, Ferrero fue al Colegio de Abogados en donde los congresistas se reunieron. Es en ese momento en el que se produce el forcejeo con las fuerzas de élite policiales al servicio de la dictadura, y su posterior captura por un pelotón que impedía el ingreso de los representantes “golpeados” por Fujimori. Esto último, a pesar de que el decano, Andrés Aramburú Menchaca, le diera la cinta de exdecano a Ferrero para que este pudiera ingresar al local. Ferrero fue conducido a un carro portatropas que partió hacia un lugar desconocido, pero a los pocos minutos, y aprovechando una distracción, consiguió escapar. Así ocurrieron los hechos.
Lo que está pasando ahora es muy distinto. Es el presidente el que ha presentado una iniciativa al Congreso de adelanto de elecciones. Esto no es un golpe, es el uso de una prerrogativa presidencial señalada en el artículo 107 de la Constitución para que el poder que representa a todos los peruanos, y que tiene entre sus funciones las de legislar y fiscalizar, decida si la iniciativa del mandatario procede o no. No hay analogía posible. El único que se convirtió en dictador fue Fujimori, líder indiscutible de los fujimoristas que ahora han hecho todo lo posible para desprestigiar aun más al Congreso que, al menos por principio, debería ser un poder respetado por el pueblo.