No más exoneraciones para el agro

Las exoneraciones tributarias, como se denomina coloquialmente al conjunto de beneficios que incluye inafectaciones, deducciones, devoluciones y tasas diferenciadas que se aplican selectivamente a algunas personas o actividades, le cuestan al fisco más de S/17.000 millones o 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Nadie se atreve a tocarlas. Y los beneficiarios tienen muy claro, llegado el momento de defenderlas, por qué su sector es “diferente”.

La única que ha sido rozada –con el pétalo de una flor, como quien dice– es la tasa preferencial de impuesto a la renta para el sector agrario, que pagaba el 15% de sus utilidades. Después de los disturbios ocurridos al final del 2020 se modificó la ley para acercar progresivamente esa tasa al casi 30% que pagan todos los demás. El efecto fiscal es hasta ahora insignificante. Antes de la modificación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimaba que se perdería S/422 millones de recaudación en el 2020. Con la modificación en curso, el MEF estima que dejará de recaudar este año S/385 millones y otros S/15 millones por un crédito tributario por reinversión de utilidades que se ha creado para empresas agrícolas medianas y pequeñas. Como porcentaje del PBI, hemos pasado apenas del 0,05% al 0,04%.

No contento con eso, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quiere restituir el beneficio. Nos parece un error. Se suele atribuir el impresionante crecimiento de la agricultura peruana en los últimos 30 años al régimen de promoción agraria. Pero hay que distinguir entre un incentivo a la inversión y un incentivo al crecimiento. La tasa preferencial del impuesto a la renta ha sido claramente un incentivo a la inversión. Ha servido para mecanizar la agricultura, para hacerla más intensiva en capital, para reemplazar brazos por máquinas; pero no necesariamente para que crezca más rápido de lo que habría crecido por efecto de la apertura económica y demás reformas que se hicieron a principios de los años 90.

El ministro Manero quiere también dar un incentivo –tributario, suponemos– “cuando la empresa grande le compre al pequeño y lo articule al mercado internacional”, según ha declarado al diario “Gestión” esta semana. Una buena manera de hacer menos eficiente la agricultura de exportación, induciéndola a comprar insumos a proveedores que no necesariamente son aquellos que pueden producirlos al menor costo posible. Eso es aun más dañino para la economía del país que la recaudación fiscal que se pierde.