El indignante fallo del Caso Utopía, por Pedro Ortiz Bisso

Antes de la tragedia de Utopía, en cuestiones de seguridad en locales públicos, Lima era la jungla perfecta.

La señalización no existía, era escasa o deficiente. Encontrar una ruta de escape para emergencias resultaba una odisea y no había información sobre los aforos permitidos en los recintos. La fiscalización era nula o, en todo caso, no despertaba mayor preocupación entre sus propietarios o administradores. Hallar pasadizos estrechos o bloqueados por mobiliario, cajas o cualquier producto era cosa de todos los días.

Aún no son pocos los infractores. Y no solo es posible encontrarlos en las atestadas galerías de Mesa Redonda y Gamarra o en algún modesto salón de baile, sino en las modernas y amplias tiendas por departamentos y locales de diversión. Pero no hay forma de negar que hubo un cambio desde aquel 20 de julio del 2002.

La tragedia vivida por los familiares de esos 29 muchachos nos tocó en lo más profundo. Obligó a valorar la seguridad de otra manera, a dejar de mirarla como algo accesorio [o, como diría un economista, “un sobrecosto”]. Ese indoblegable dolor que acompañará a los deudos hasta el fin de sus existencias lo hicimos nuestro y, de cierta forma, nos cambió la vida. Lima no ha dejado de ser una jungla, pero lo es un poquito menos desde entonces.

Por eso resulta tan indignante el fallo del Juzgado Penal 21 de la Corte Superior que ha condenado con apenas cuatro años de prisión a Allan Azizollahoff y a Édgar Paz, propietarios de la siniestrada discoteca. La levedad de sus penas no solo constituye un atropello a la memoria de esos muchachos, sino que profundiza la congoja de sus deudos, quienes llevan doce años buscando justicia.

Es también una nueva demostración de la enorme desconexión que existe entre el Poder Judicial con la realidad. No es ánimo de venganza, sino el sano deseo de establecer un castigo ejemplar para quienes con su irresponsabilidad acabaron con la vida de 29 personas.

Cuatro años de cárcel solo por carecer de antecedentes penales suenan a sarcasmo puro, a esas bromas crueles que no se le juegan ni a los amigos, más si en la propia sentencia se indica que Azizollahoff y Paz tuvieron que ver en lo ocurrido. Pareciera que se hubiera buscado no ser lo suficientemente severo con las partes, como si detrás del fallo hubiera existido algún retorcido criterio de equidad.

La discoteca Utopía, recordémoslo, funcionaba sin licencia. El día del siniestro, sus administradores habían organizado una fiesta denominada Zoo, con la participación indebida de animales. Además, pese a que había un espectáculo con fuego y el techo del local era de caucho (al final, el culpable de la asfixia de las víctimas), no tenía un solo extintor con qué enfrentar una emergencia como la que ocurrió.

Y para redondear esta sumatoria de torpezas criminales, las puertas de escape estaban señalizadas en inglés (en lugar de ‘salida’ decían ‘exit’).