La lumpenización de la política

La informalidad es uno de los principales problemas que debemos enfrentar si es que efectivamente queremos resolver la crisis de representación política que vive el país. Hablamos mucho sobre informalidad, pero ¿qué significa y cuál es su vinculación con la crisis política? Aquí esbozo algunas ideas.

De acuerdo con las últimas cifras del INEI sobre el empleo en el Perú, solo dos de cada diez trabajadores se desarrollan en el sector formal. Los otros ocho trabajan en el sector informal, no todos logran completar jornadas laborales de ocho horas ni llegar a ganar el sueldo mínimo. De las tres millones de empresas que existen en el Perú, el 99,4% son micro y pequeñas empresas (mype). Se calcula que la tasa de informalidad laboral en las mype es de 84,2%.

Las condiciones de trabajo en la informalidad son precarias; es decir, no existen redes de protección social, ni pensiones de jubilación, seguro médico o seguro de desempleo. Muchos trabajan sin condiciones de seguridad mínimas. La informalidad implica, además, que parte de los insumos que se utilizan en las actividades son obtenidos en el mercado ilegal (mercado negro). Y, sin embargo, la informalidad tiene, como encontró Douglass North, instituciones propias. Esto es, normas sociales informales, no escritas, dentro de las que se desarrolla. La violencia, la extorsión, la corrupción y el compadrazgo son parte de estas normas. Sin ley y con un orden espontáneo, la autoridad es impuesta por el más fuerte y no por el Estado. De hecho, la presencia del Estado en el sector informal es casi inexistente.

Esta altísima informalidad económica en la que se desarrolla la gran mayoría de peruanos se ha convertido también en informalidad política. Sin partidos que representen adecuadamente los intereses y las necesidades de sus electores y que puedan articular una visión de desarrollo basada en evidencia, los informales han sido abandonados a su suerte; sin adecuados (y formales) canales de representación, en la medida en que actúan en la extralegalidad. Para poder resolver sus problemas, han optado por capturar el poder a través del financiamiento ilegal de partidos y candidatos que responden a sus intereses. Sin representación real y legítima, la compran, imponiendo su propia agenda legislativa. Esta lumpenización de la política ha terminado por alejar al resto de peruanos, llevándolos a sentir que los políticos no los representan. El descontento y el rechazo al Congreso no es gratuito. Y, sin embargo, este –el Congreso– es un reflejo de lo que es hoy la sociedad peruana, donde prima la informalidad, la falta de Estado y de ley.

Así, los grupos organizados de los sectores informales e ilegales se han convertido en poderes fácticos, que no le rinden cuentas a nadie y obtienen beneficios a través de la captura de rentas. Esta captura de rentas se produce en algunos casos a través de la compra del poder de turno, recordemos, por ejemplo, las reuniones organizadas en la casa del pasaje Sarratea, donde lobbistas y “empresarios” llegaban a negociar contratos con el mismísimo Pedro Castillo. O a través del uso de la violencia como mecanismo de negociación, un ejemplo de esto es la destrucción de peajes y toma de carreteras por los transportistas para lograr la exoneración del ISC. El poder de los grupos informales e ilegales es muy grande por la cantidad de recursos que tienen. Se calcula que las economías ilegales mueven no menos de US$6.657 millones al año en el Perú. La mayor parte de esta es producida por la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de drogas. Estas actividades se benefician de la inestabilidad del país. Un gobierno débil y amenazado por movimientos sociales violentos no tiene la capacidad de imponer la ley y el orden, dejando actuar libre e impunemente a los intereses informales e ilegales.

La realidad de nuestro país es que el crecimiento económico no ha logrado incluir en la formalidad a la mayoría de los peruanos. Y mientras no entendamos a profundidad el problema de la informalidad y sus características particulares, y generemos los incentivos necesarios para lograr reducirla, no lograremos una adecuada representación política que ponga fin a la crisis.