La cultura combi

Si yo le dijera que los peruanos estamos siendo gobernados por una clase política delincuencial, ¿usted estaría de acuerdo? ¿Cuánto de ello consideraría su responsabilidad?

El exministro de Justicia Félix Chero ha declarado que Pedro Castillo le habría pedido nombrar a Luis Longaray como jefe de la Sunarp a solicitud de Sada Goray, quien necesitaba unos pequeños arreglitos en una partida registral. A cambio, Castillo le habría pedido a Goray –a través de Geiner Alvarado– S/1,5 millones para pagar a los jueces que iban a ver la apelación a la orden de prisión preventiva contra sus sobrinos.

Julio Gagó es regidor de la Municipalidad de Lima pese a que sabíamos que fue sancionado en el 2014 cuando era congresista al descubrirse que una de sus empresas tenía contratos con el Estado. Hace unas semanas Gagó fue denunciado por la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Pública Municipal por presunto tráfico de influencias. Gagó habría pedido una donación de alimentos al Mercado Mayorista de Lima a cambio de conseguirles una reunión con el alcalde López Aliaga. Habría, además, utilizado la donación en una actividad proselitista propia y, no contento con lo recibido, habría pedido que esta donación se repitiera una vez por semana. Pero como otorongo no come otorongo, el Concejo Metropolitano de Lima no aprobó su suspensión.

Hace unos días, el Congreso volvió a blindar a ‘Los Niños’, los congresistas acusados de integrar una red de corrupción liderada por Castillo a través de la que negociaban obras con el Gobierno a cambio de votos. Pero fue Acción Popular el partido que irresponsablemente llevó en su lista al Congreso a este grupo de presuntos delincuentes. Mientras que en la Comisión de Ética no se aprobó un informe que recomendaba la suspensión de las congresistas Magaly Ruiz y Heidy Juárez por los recortes de sueldos a sus asesores. También desde el Legislativo, el congresista Luis Aragón –presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y gran defensor del transporte informal–, que en una de sus últimas incursiones habría propuesto que los autos M1 (sedán, station-wagon y minivanes) estén incluidos dentro de la formalización del taxi colectivo en carreteras, tendría intenciones de ser el próximo presidente del Congreso.

¿Dónde están los líderes de los partidos que llevan en sus listas a personajes de dudosa reputación que luego se involucran en delitos? No es la primera vez que enfrentamos la frustración de reconocer quiénes son realmente aquellos que llevamos al poder. Basta repasar los titulares de la última década para recordar a la congresista ‘robacable’, el ‘comepollo’ o el ‘comeoro’. Lo cierto es que, aunque sea doloroso, el Congreso no es más que el reflejo de lo que es el Perú: una sociedad informal. Un país donde cada uno cree que solo debe velar por sus propios intereses y que los demás ciudadanos no importan. Tierra de nadie, donde gana el más vivo. Donde hemos impuesto la cultura combi, el modo supervivencia salvaje. Y, sin embargo, no queremos hacernos responsables.

El Congreso, que elegimos en el 2021, tiene una representación parlamentaria en la que el 80% de sus miembros nunca ha ocupado un cargo de elección popular. Nuestra irresponsabilidad es tal que le hemos dado el poder de decidir nuestro futuro a personas que no tienen la menor idea de cómo hacerlo, que no entienden de regulación ni tienen una noción mínima de economía. Peor aún, hemos llevado al poder a personas que solo buscan satisfacer sus intereses y enriquecerse a costa del Estado.

Culpamos a los políticos, culpamos a la sociedad, pero no queremos reconocer que nosotros somos parte de esta y que somos quienes, con nuestro silencio, permitimos que todo esto ocurra. La corrupción es un sistema desde donde operamos todos los peruanos. Esto no significa que todos necesariamente caigan en actos de corrupción, sino que convivimos con esta, callamos y ninguno de nosotros está haciendo algo para siquiera reducirla.

Y, mientras esta es la realidad, nuestra derecha cree que ya las cosas se calmaron y el país podrá seguir como si nada hubiese sucedido. Ya Castillo quedó en el olvido. Y el flamante gobierno de Dina Boluarte nos anuncia, que, ahora sí, estamos a un pasito de la OCDE.