Capacidad estatal y lucha contra la pobreza

Como es habitual en el primer semestre del año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el informe oficial de pobreza. En un contexto de debilitamiento institucional, es necesario reconocer la valiosa labor realizada por el INEI y la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza para brindar cifras rigurosas elaboradas con una metodología transparente.

Lamentablemente, durante el 2022, la pobreza monetaria se incrementó, afectando a más de nueve millones de compatriotas (el 27,5% de la población). Fueron 628 mil ciudadanos los que cayeron debajo de la línea de pobreza con respecto al 2021, mientras que la pobreza se incrementó en 16 departamentos. El patrón de pobreza peruano se ha complejizado: la persistencia de la pobreza extrema en zonas rurales –donde confluyen múltiples brechas y desigualdades históricas– coexiste con un notable incremento de la pobreza urbana. Aproximadamente el 70% de los pobres a escala nacional se encuentra en las ciudades.

Si bien estos resultados eran previsibles en un contexto de bajo crecimiento y alta inflación, no dejan de ser alarmantes. Seis de cada diez peruanos son pobres y vulnerables. Corremos el riesgo de normalizar esta dura e injusta realidad. Para evitarlo, retomar la senda de reducción de la pobreza debe ser una prioridad nacional. Recuperar el crecimiento económico es necesario, mas no suficiente. Se requiere mejorar la calidad y la oportunidad de las respuestas de política pública, lo que implica prestar más atención a lo que ha hecho y a lo que hará el Estado en respuesta al nuevo escenario de pobreza.

A finales de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un paquete de reactivación económica denominado Con Punche Perú 2, que complementa otras medidas con enfoque sectorial (agro, productivo, turismo, textil, emergencia climática). Este nuevo paquete incluye un eje dedicado a la reactivación de la economía familiar. Si bien es muy positivo que el MEF priorice la lucha contra la pobreza y el apoyo a las familias vulnerables, es necesario analizar la pertinencia y efectividad de las medidas específicas.

Considero positivo que se haya priorizado el programa Juntos, con cerca de 20 años de operaciones en ámbitos rurales, estableciendo un marco para ampliar su cobertura en contextos urbanos. Fortalecer programas sociales con buenos resultados, sistemas de gestión transparentes y rutas de innovación constituye una mejor opción de política que continuar otorgando bonos o vales aislados y coyunturales.

Si bien la educación está presente en el plan Con Punche Perú 2 a través de un crédito educativo para ampliar el acceso a la educación superior de estudiantes de familias vulnerables, llama la atención la ausencia de la educación básica. Las pérdidas de aprendizaje y la deserción escolar, problemáticas agravadas por los prolongados cierres educativos durante la pandemia, serán marcadores de desigualdad que afectarán de manera desproporcionada a la niñez y adolescencia en situación de pobreza y vulnerabilidad. Aumentar la prioridad de la inversión y la calidad en la educación básica con un enfoque en cierres de brechas también es un componente necesario para la reducción de la pobreza. Las escuelas son espacios prioritarios para las estrategias de protección social, en particular para responder al hambre, la anemia y la desnutrición, así como para ampliar el acceso a la salud.

Luchar contra la pobreza no solo requiere recursos, sino también mejorar la capacidad estatal. De allí la importancia de apostar por medidas escalables y eficaces que permitan un trabajo sostenido con los hogares vulnerables rurales y urbanos, así como una salida de la pobreza basada en la autonomía económica, sin clientelismo ni dependencia.