Las comisarías son el núcleo básico del trabajo policial. Desde ahí se atiende al público; se reciben denuncias; se investigan faltas y delitos, accidentes de tránsito y hechos de violencia familiar; se organiza parte del patrullaje; y, se organiza el trabajo de prevención comunitaria de la policía. Otras labores son asumidas por unidades especializadas de competencia nacional o regional, pero las descritas son las fundamentales para atender a las necesidades de seguridad inmediatas de la gente.
La base de la pirámide institucional es la comisaría. Existen 1.444 en el país. Entre el 2009 y el 2012 la Defensoría del Pueblo visitó un conjunto representativo de ellas y publicó cuatro informes dando cuenta de sus debilidades y urgiendo a corregirlas, aprovechando que hay recursos. En los años 2012 y 2013, el INEI realizó dos censos nacionales, donde corroboró su dramático estado, aunque hubo modestos avances en algunos aspectos entre un año y otro.
La situación es inaceptable. El 70% no cuenta con conexión propia a Internet y el 57% carece de teléfono fijo, mientras que el 86% no accede al sistema de denuncias policiales, el 81% a Registros Públicos, el 55% al Reniec y el 31% a Requisitorias. El 41% de la comisarías no tiene computadoras propias y operativas; y el 12%, vehículos. La mitad no tiene infraestructura adecuada ni servicios básicos en buen estado, y el 12% no tiene agua; el 9%, desagüe; y el 1%, luz.
¿Cómo puede ser posible que desde que la Defensoría del Pueblo dio el campanazo de alarma en el 2009 se haya avanzado tan poco en corregir esta situación? ¿Cómo explicar los casi nulos resultados? ¿Quizá sea la falta de recursos? En realidad, no. Entre ese año y el 2013 el Ministerio del Interior devolvió S/.1.200 millones no ejecutados de la partida destinada a inversión en equipamiento e infraestructura (activos no financieros) y S/.300 millones en la de bienes y servicios.
Para tener una idea de la magnitud de los recursos desaprovechados, consideremos lo que se hubiera podido adquirir con esos S/.1.500 millones. En la actualidad, las comisarías cuentan con 2.326 autos y camionetas, de acuerdo al último censo del INEI, es decir, 1,6 vehículos por comisaría. Con lo no ejecutado se hubiera comprado por lo menos 15.200 patrulleros inteligentes: 10,5 para cada una de las 1.444 comisarías de todo el país.
El problema no es de dinero, por lo menos en lo que a equipamiento e infraestructura se refiere, sino de la capacidad para hacer buen uso del que se dispone. Hace años que Interior espera una verdadera revolución gerencial, que permita brindarle a la policía condiciones de trabajo y bienestar de primer nivel, y un servicio de calidad al ciudadano. Lograrlo demandaría una decisión de gobierno para destacar a Interior media docena de los mejores gerentes del país. Cualquier esfuerzo financiero por reclutarlos se pagaría con creces.