Interregno

Desde hace meses, gran parte de la vida política pasa por una sucesión de debates constitucionales en los que, con muy pocas excepciones, los opinantes no aceptan matices en la discusión con su antagonista.

–¿De qué color es esa puerta, jurisconsulto?

–Qué duda cabe, es blanca como la leche.

–¿Y usted, licenciado, también la ve de ese color?

–De ninguna manera, la referida es negra como la noche.

No hay que olvidar que –y no necesariamente por tener mayor versación jurídica que los otros– son solamente los miembros del Tribunal Constitucional los que pueden dirimir.

Ya han empezado. Han votado para rechazar que Ortiz de Zevallos sea admitido como nuevo miembro de la institución. Decisión importante, más allá de lo individual, en la medida en que lo contrario habría redefinido los términos de lo que parece ser una división (¿política?) entre sus miembros (4 a 3).

También nombraron un ponente para decidir la admisibilidad de la demanda competencial y de la medida cautelar planteadas por Pedro Olaechea. Se acordó (4 a 3) que fuera uno de los cuatro. El magistrado Ramos Núñez preparará su ponencia para el 29 de octubre (ojo, no sobre el fondo, sino solo si la admiten a debate). Preocupan los plazos. Hasta que el Tribunal Constitucional no termine de decidir, el país vivirá en una transitoriedad inicua. Si los tribunales hablan a través de sus sentencias, los plazos en que lo hacen dan cuenta de la importancia que le dan a los problemas.

Si el 29 deciden (¿4 a 3?) no aceptar a trámite la demanda, el tema queda cerrado, institucionalmente hablando. Pero si la admiten, el escenario quedaría abierto hasta que fallen, que no sería antes de enero del 2020. ¿Cómo quedarían entonces las elecciones parlamentarias ya convocadas?

Al menos tres posibilidades. Que dejen correr el proceso electoral en paralelo, lo que en la práctica diría bastante de cuál prevén sería su sentencia final. En el otro extremo, que aprueben la medida cautelar tal cual la ha solicitado Olaechea, restituyendo al actual Congreso mientras deciden (muy improbable). O, una posición intermedia, ordenando que se posterguen las elecciones hasta que ellos hayan fallado. En cualquier caso, incertidumbre.

Tomemos este obligado interregno hasta el 29 de octubre como una oportunidad para discutir hechos muy importantes que están pasando agachados por el impacto de la crisis política. Me refiero a la situación de la administración de justicia y la lucha contra la corrupción.

Lo que ocurre en el Ministerio Público es intolerable. De los cinco fiscales supremos que conforman su órgano de gobierno, tres están siendo investigados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Hace pocos días trataron de imponer una votación (tres a dos) para impedir que se les siga investigando. En gran medida, ello es consecuencia de la protección que el Congreso les dio. Pero, también, de la pasmosa lentitud e incompetencia de los responsables de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, encargada a su vez de nombrar y remover a jueces y fiscales.

De su lado, la crisis del Poder Judicial se manifiesta con frecuentes decisiones aberrantes y sospechosas. La más llamativa de las recientes, la del juez de Bagua (cuyos antecedentes eran más que suficientes para que ya no lo fuera), quien concedió un amparo para que la universidad Telesup, a la que la Sunedu no otorgó licencia por no reunir los requisitos mínimos, siga funcionando.

Otro tema de la mayor importancia son las presiones sobre la jueza que debe resolver sobre el dinero obtenido por la venta de Chaglla, parte del cual debe ser devuelto a Odebrecht. Habiendo más revelaciones pendientes y dado que todas necesitan ser ratificadas en juicio, preocupa que desde lo más alto del poder se diga que no se concrete la devolución. Lo hace el presidente del Poder Judicial y, peor todavía, el presidente de la República, que ha ratificado esa posición hace poco más de dos semanas atrás. Vizcarra dice que lo hace como ciudadano. Pero él es el jefe del Estado y además cuenta con una aprobación enorme. No puede dejar de saber que sus opiniones tienen un impacto tremendo.

Si la jueza falla como el ciudadano Vizcarra quiere y se cae el acuerdo de colaboración, ¿qué explicaciones le podría dar al país el presidente Vizcarra, quien ha puesto como eje de su gobierno la lucha anticorrupción?