Justo reclamo de diplomáticos, por Francisco Miró Quesada Rada

Estos diplomáticos forman parte de lo que siempre he llamado en mis artículos como los “diplomáticos héroes de la democracia”, que fueron arbitrariamente cesados por la dictaduda fujimorista. Fueron 117 las víctimas de esta iniquidad cuyo proyecto de vida se vio seriamente dañado. Esto porque, tanto a los diplomáticos en retiro ya mencionados como a los que todavía se encuentran en actividad –aunque próximos a jubilarse–, no se les reconoce lo que justamente les corresponde.

El cese sin expresión de causa probada no solo significó un daño material, sino también moral, porque afectó la dignidad y la buena reputación de estos funcionarios que sirven y representan al Perú en el extranjero.

Lo injusto de esta negativa proveniente de autoridades y funcionarios de ese ministerio es que representa un maltratro y un desconocimiento a los derechos de sus propios colegas. Esto no es novedad: la indolencia de ciertas personas respecto a los justos reclamos de los demás existe en diversos organismos públicos.

El hecho en concreto es que el Ministerio de Relaciones Exteriores considera el pago de la CTS a partir de la fecha en la que los diplomáticos fueron reincorporados a la cancillería tras haber sido cesados arbitrariamente, sin tener en cuenta los 25 años de servicios anteriores al infame cese. Para más luces, el despido de los diplomáticos se expresó en una resolución suprema (la 453-RE-92) que luego fue anulada por otra (la 557-2000-RE) durante el Gobierno de Valentín Paniagua y bajo la presidencia del Consejo de Ministros de Javier Pérez de Cuéllar. En consecuencia, la resolución que amparó el acto arbitrario es nula en todos sus extremos. Además, hay informes favorables del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema.

Sin embargo, la oficina general de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, erróneamente, sigue dando validez y efectos jurídicos a una resolución que ha sido derogada hace 19 años. Aunque usted no lo crea. Esto sucede con muchos funcionarios públicos, principalmente abogados y abogadas que no distinguen entre decisiones políticas autoritarias y democráticas, y que toman estas como una continuidad, como si no hubiese habido daño alguno a unos colegas por culpa del capricho de un presidente y de unos funcionarios que avalaron dicho capricho. En realidad, uno de los actos más vergonzosos en los anales de la historia diplomática del Perú.

En febrero pasado, la Defensoría del Pueblo solicitó que el Gobierno buscara una salida justa y concertada para evitar un gasto mayor al erario público. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al haber recibido la queja formal de los diplomáticos, se ha reafirmado en su informe, saliendo en defensa de ellos.

Además, está claro que, de no cumplirse con el pago, se habrían violado derechos humanos reconocidos en los artículos 1 (relativo a la defensa de la persona humana) y artículo 2 (referente a la igualdad ante la ley) de la Constitución.

Así como hubo ceguera moral en el injusto cese de los diplomáticos, hoy hay también ceguera e incompetencia administrativa.