Alejandra Costa

La norma propuesta por el Gobierno y promulgada por el Congreso para exonerar del IGV a la carne de pollo, los huevos, los fideos, el azúcar y el pan para, supuestamente, bajar sus precios, nos demuestra que ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo existe la mínima capacidad para diseñar políticas públicas efectivas y que, lamentablemente, el populismo está ganando la batalla.

El planteamiento tenía fallas de origen: la altísima informalidad en los sectores más vulnerables hace casi imposible que una exoneración del IGV se traslade a sus bolsillos.

Sin embargo, la forma en la que el Ministerio de Economía y Finanzas ha diseñado esta ley no solo no bajará los precios y reducirá la recaudación, sino que además golpeará a las empresas formales, que deben ir ‘pasándose’ el IGV una a otra, como una pelota, en una larga cadena entre los consumidores que deben pagar el IGV y la Sunat.

El problema es que algunos de los eslabones de la cadena se van a quedar con esa ‘pelota’, con ese IGV pagado a sus proveedores, y no podrán compensarlo. ¿Qué harán, por ejemplo, los panaderos, que tendrán que pagar IGV por sus insumos, pero que no podrán cobrarlo por el pan que venden? No hay muchas soluciones más allá de trasladar ese costo a los consumidores.

Además, ahora la población espera una rebaja de precios, pese a que el conflicto entre Rusia y Ucrania aún no termina. ¿Qué va a pasar cuando no bajen? El Congreso le echará la culpa al Ejecutivo, este apuntará con el dedo a las empresas y ninguno de los dos asumirá la responsabilidad de haber promulgado una norma mal hecha.

Otra ‘solución’ que el Parlamento evalúa es permitir un sexto retiro de los fondos de las AFP. En un contexto en el que el BCR busca encarecer los créditos para reducir la liquidez y quitarle oxígeno a la inflación, la Comisión de Economía ha aprobado liberar al menos S/ 27.000 millones en el mercado, lo que, además de dejar a millones de peruanos sin pensión, generaría que los precios suban aun más y que el BCR tenga que elevar su tasa de interés de manera más agresiva.

Y, por si fuera poco, el Congreso ha promulgado una norma que obligará al Estado a devolver S/ 42.000 millones a los ex fonavistas, una cifra superior a toda la inversión pública del 2021, generando un altísimo riesgo para el equilibrio presupuestario.

Este tipo de desaciertos logrará una nueva rebaja de la calificación crediticia del país, elevando el costo del financiamiento en los mercados internacionales. Y, al reducir los fondos de pensiones, se reducirán las posibilidades de financiarse en el mercado local.

No es ninguna novedad que este Gobierno no tenga ningún norte ni que el Congreso tome decisiones populistas. Sin embargo, el MEF solía ser un oasis técnico que elaboraba propuestas sensatas, diseñadas para generar resultados, no solo para producir titulares.

Lamentablemente, en esta carrera por ver quién es más populista, los que perderemos seremos todos los peruanos, especialmente los más vulnerables, que tendrían una mayor capacidad para afrontar el alza de precios si se hubiera prestado un mínimo cuidado a que aumente la inversión privada, los empleos y los ingresos en estos meses de Gobierno.

Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura