Si bien ya sabemos que no se deben comparar los resultados de distintas compañías encuestadoras, el último sondeo publicado por CPI muestra lo que sería aparentemente un “apoyo duro” que reproduce, en cierta forma, las divisiones que marcaron al país en las elecciones.
Hace unas semanas, la encuesta de El Comercio-Ipsos recogía la aprobación inicial de gestión más baja en tiempos recientes, con un 38% (y un 45% de desaprobación). No obstante, la de CPI sugiere un ligero rebote, con un empate en 43,5% en ambos indicadores. El resultado sorprende, pues es difícil afirmar que el Gobierno ha hecho méritos tangibles para explicarlo (al punto que el presidente decidió dar un breve mensaje a la nación el lunes por la noche para enfatizar algunos anuncios puntuales sobre su gestión).
Y sorprende, sobre todo, por la inacción frente a los serios cuestionamientos que se ciernen sobre varios miembros de su Gabinete y, por extensión, sobre el presidente, al ser este quien los convocó en primer lugar. En ese sentido, la continuidad de Iber Maraví y, en especial, la estabilidad de Guido Bellido parecen ser sondas destinadas a medir el poder de la prensa y de la oposición, y no han afectado en medida alguna la popularidad del Gobierno.
Esto es importante porque tanto los medios de comunicación como los partidos de oposición representan la primera línea de defensa frente a un Gobierno con dudosas credenciales democráticas. Y más allá de la popularidad o no de ciertas bancadas (Renovación Popular y Fuerza Popular están a la cola, según la misma encuesta), lo cierto es que desde el Parlamento han cometido errores en salida que le han permitido sumar (o al menos distraer) al Ejecutivo. Desde el escándalo inicial que se armó a raíz de la presentación en el Congreso de Bellido hasta las recientes declaraciones de Maria del Carmen Alva sobre pedidos de vacancia de la calle, regalándole un titular a la prensa y dejando la pelota dando botes al oficialismo.
Las reiteradas denuncias en diversos medios de comunicación no han hecho mella aparente en el Gobierno que, si bien retrocedió en algunos nombramientos importantes, ha mantenido una línea dura en la composición de su Gabinete. En parte, esto puede deberse al desgaste electoral y a la pérdida de credibilidad asociada con la forma en que algunos medios se jugaron en contra de Castillo en la campaña. (Esta semana volví a ver “Good Night, and Good Luck” para una clase, homenaje al periodista Edward Murrow y su decisión de enfrentar al macartismo original, y donde prevalece gracias a su independencia y prestigio). El rol de la prensa es vital, pero no parece estar afectando al Gobierno, a pesar de la magnitud de las revelaciones recientes.
A falta de oposición y prensa queda el Tribunal Constitucional. Pero su composición actual no es necesariamente desfavorable para los intereses de la izquierda en el poder, lo que puede retrasar el reemplazo de seis de sus miembros. Y es algo prematuro aún, pero ya se avizora el efecto de la caída en las expectativas y el golpe de la recalificación de Moody’s. A estas alturas, solo la confirmación de Julio Velarde en el BCR le daría un poco de margen al Gobierno. De lo contrario, tendrá un flanco complicado frente a los agentes económicos (a todo nivel). Una calle inquieta puede ser un factor en algún momento.
Por ahora, el Gobierno no está pagando caro por sus errores, en gran medida porque del otro lado cometen o han cometido sus propias faltas. Hasta este punto, uno de los pocos actores que ha ejercido su veto sobre este Gobierno ha sido la Marina de Guerra, a quien se le atribuye la salida del excanciller Héctor Béjar. No debería ser una institución no deliberante la única capaz de hacerle un contrapeso efectivo al Gobierno.
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