La dinámica de la polarización peruana (2)

La semana pasada inicié con este tema y decía que se trata de un fenómeno global. Localmente, podría decirse que hasta 2013 primaban ciertas lógicas centrípetas en la dinámica política. Tendencias polarizantes empezaron a registrarse al debatirse qué hacer frente al final del ciclo de crecimiento 2003-2013, lo que llevó al resquebrajamiento del frente de derecha, entre sectores que propusieron profundizar una lógica de reformas institucionales, y otros un modelo basado en la explotación de recursos naturales.

A esto hay que sumarle que posturas liberales de derecha empezaron a perder espacio frente a posturas más abiertamente populistas, que es lo que sucedió claramente con Fuerza Popular después de perder las elecciones del 2016 frente a PPK, produciéndose una escisión en el campo de la derecha, hasta ese momento relativamente unido. Estas tensiones se agravaron con el indulto a Alberto Fujimori, otorgado por PPK en diciembre del 2017, como un intento de dividir al fujimorismo y debilitar el liderazgo de Keiko Fujimori. Sin embargo, esta historia terminó, como sabemos, con la renuncia de PPK en marzo del 2018.

Pero el cambio sustantivo ocurrió como consecuencia de las revelaciones del caso Lava Jato en el 2016 y el escándalo de los ‘CNMaudios’ de julio del 2018. Lo que empezó como una oportunidad para implementar una profunda iniciativa anticorrupción, que apuntara a hacer más transparente el financiamiento de la actividad política y las relaciones entre el sector privado y el sector público, y una reforma integral del sistema de justicia, terminó politizándose en el mal sentido: la resolución de las disputas políticas se deslizó de la competencia electoral y del debate público a la arena judicial. Si bien podría destacarse que, en nuestro medio, a diferencia de otros países, las denuncias, investigaciones y juicios asociadas a grandes escándalos de corrupción prosperaron, también lo es que se incurrió en excesos que a la larga facilitaron la creación de un muy amplio frente de oposición a las investigaciones anticorrupción y a la reforma del sistema de justicia. No se logró una polaridad entre integridad y corrupción, que atravesara a todo el espectro político, sino una convergencia entre corruptos y sectores que se sintieron perseguidos por una justicia percibida como politizada e influenciada por las corrientes de la opinión pública. En este sentido, considerar a algunos partidos políticos como organizaciones criminales, criminalizar el financiamiento irregular de campañas políticas o la persecución judicial de dirigentes gremiales como Ricardo Briceño o técnicos como Alberto Pasco-Font resultan emblemáticos.

El gobierno de Vizcarra terminó siendo central en estas disputas; de allí la polarización que despierta su figura. Vizcarra entendió que, sin partido o bancadas propias de respaldo, podría construir poder sobre la base de la movilización de la opinión pública, donde la bandera de la lucha contra la corrupción resultaba útil. De las disputas que terminaron con el cierre del Congreso el 30 de setiembre del 2019, podría decirse que el fujimorismo fue particularmente intransigente, desaprovechando su mayoría absoluta, y Vizcarra en efecto enturbió las banderas de la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia y la reforma política al identificarlas con su liderazgo y decisiones. Seguiremos con el tema.