La milicia ilegal de un dictador en ciernes, por María Cecilia Villegas

En su primer discurso ante el Congreso, el presidente Pedro Castillo anunció la creación de rondas urbanas que serían incluidas en el sistema de seguridad ciudadana. Anuncio al que no se le prestó mayor atención pero que implica la formación de milicias ciudadanas para ejercer el rol que solo le compete a la policía: el del orden interno.

Como muestra del desprecio del gobierno al orden constitucional, en el viaje de Guido Bellido a la comunidad de Colquemarca en Cusco, para reunirse con las comunidades campesinas que llevaban diez días bloqueando la vía de acceso hacia el proyecto minero Las Bambas, el primer ministro decidió no permitir que la Policía Nacional lo resguardara y opto por ser escoltado por los ronderos de la zona. Bellido impuso su propia “ley”.

La concepción del Estado moderno requiere de lo que Max Weber llamó el monopolio de la legítima violencia. Esto es que solo el Estado puede utilizar legítimamente la violencia entendida como el uso de la fuerza –orden, persecución y sanción– para imponer el Estado de derecho: la defensa de la ley, las libertades y la seguridad de los ciudadanos.

La falta de presencia del Estado para garantizar la correcta aplicación de la ley y la administración de justicia en zonas alejadas del país, sumado a la extrema violencia terrorista que atacó al Perú, llevó a que los pobladores de las comunidades campesinas se organizaran en rondas. El Estado las reconoció y desde los años ochenta ha regulado sus capacidades y su ámbito de operación, las rondas campesinas están subordinadas a la comunidad y solo pueden actuar dentro de su territorio.

La intención del gobierno de crear “rondas urbanas” debilita la seguridad de los ciudadanos y la predictibilidad de la ley. Más aun, no existe razón legal ni institucional que justifique su creación. Las rondas no son un concepto pensado para aplicarse en ciudades, que enfrentan otro tipo de realidad y donde la Policía Nacional es la encargada del orden interno. Sin embargo, en días posteriores a la segunda vuelta, aparecieron dirigentes de rondas urbanas solicitando su reconocimiento y que se les permita administrar justicia y se les capacite en el uso de armas de fuego “para enfrentar a la delincuencia”. Y el gobierno del presidente Castillo, a través del Viceministerio de Orden Interno ordenó a la Policía Nacional la organización de talleres de capacitación para las rondas de seis regiones del país, entre ellas Cajamarca.

La idea de crear milicias o grupos alternos a la policía no es un invento de Perú Libre, es un arma utilizada por el comunismo para instaurar el control y la limitación de las libertades en los países en donde ha llegado al poder. Desde la guardia roja de Mao, pasando por los Comités de Defensa de la Revolución de Fidel hasta las brigadas motorizadas bolivarianas del comandante Hugo Chávez. Operan como mecanismos de control y represión: son los ojos y los oídos del régimen.

Es importante recordar los nexos que tiene el “asesor” Vladimir Cerrón con el Militarizado Partido Comunista del Perú y los Quispe Palomino, por un lado, y el rol de Antauro Humala y sus reservistas en la elección de Pedro Castillo. Analizando la información, todo indica que el presidente está buscando crear una milicia que responda a Perú Libre y para lograrlo necesita debilitar a la Policía Nacional. Esta tarea ya ha empezado y muestra de ello es la renuncia de los dos viceministros del Interior.

Además de que la creación de “rondas urbanas” es ilegal, los regímenes que necesitan crear milicias lo hacen para ejercer control sobre sus ciudadanos y limitar el ejercicio de sus libertades. Todo ello viene ocurriendo frente a nuestros ojos.