"El presidente Martín Vizcarra parece no solo haber detectado el problema bajo la natural presión del fenómeno del COVID-19, sino que está dispuesto a jugarse entero por alcanzar la luz al otro lado del túnel". (Foto: AFP)
"El presidente Martín Vizcarra parece no solo haber detectado el problema bajo la natural presión del fenómeno del COVID-19, sino que está dispuesto a jugarse entero por alcanzar la luz al otro lado del túnel". (Foto: AFP)
Juan Paredes Castro

Analista político

La pandemia del desnuda tantas incapacidades de gobiernos y estados en todo el mundo que el Perú no puede evitar aparecer como uno de los países con un alto nivel de retención de los servicios y beneficios de su sistema social transversal.

Se trata de servicios y beneficios que en esta hora crítica están prácticamente atascados, embotellados, con escasa salida posible efectiva hacia sus destinatarios legítimos, a causa de una estructura ministerial que no ha simplificado ni agilizado nada.

Una típica muestra del bienestar social confiscado como en un tubo en un país de holgado PBI.

El presidenteparece no solo haber detectado el problema bajo la natural presión del fenómeno del COVID-19, sino que está dispuesto a jugarse entero por alcanzar la luz al otro lado del túnel a través de la pirámide administrativa y burocrática de su propio gobierno.

Es más: el voluntarismo presidencial para sacar las mejores correas del mismo mejor cuero (como debe ser), en función de la reactivación económica que la coyuntura demanda, tampoco está libre de obstáculos legislativos y administrativos engorrosos, que tienen sin duda que superarse con inteligencia y sagacidad muy rápida, antes de que se presenten retrocesos graves.

No estamos ante la ausencia de un sistema social transversal, como suele pasar en muchas zonas del mundo, como en África, fuertemente dependientes de la caridad internacional.

En el Perú el sistema social transversal ¡existe! Y no es cualquier sistema social.

Seis ministerios están detrás de este enorme y atrofiado complejo gubernamental, desde el de Salud hasta el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pasando por los de Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo e Inclusión Social y Trabajo y Promoción del Empleo, todos presupuestalmente robustecidos bajo el crecimiento económico de los últimos veinte años y dotados de marcos jurídicos constitucionales y legales para que no pueda ser desatendido ningún mínimo derecho humano.

El presidente Martín Vizcarra, entregado ahora de lleno a una guerra frontal contra el COVID-19, descubre de pronto, con no poco espanto, que el sistema social transversal es una estructura hueca con profundas grietas, imprevisiones y despilfarros, a la que tiene que insuflarle contenido y eficiencia gerenciales en una marcha forzada contra el tiempo y la vieja inercia ministerial y estatal.

De ahí su esfuerzo descomunal para hacer de la contención del coronavirus, mediante el más drástico aislamiento social que hayamos conocido, el arma más eficaz para combatirlo.

De los seis ministerios nombrados, ¿cuántos realmente sirven? ¿Cuántos sobran y cuántos podrían redistribuir sus funciones quizás en solo tres? ¿Con qué núcleos de gestión y circuitos de atención podría realmente funcionar el sistema social de modo que el Gobierno y el Estado no aparezcan negándole a la gente su derecho al mínimo bienestar humano?

Si la pandemia de hoy nos expone al descalabro de carecer de un procedimiento rápido y eficaz de atención hospitalaria mínima e indispensable de emergencia, ¿qué nos podría deparar mañana frente a un terremoto altamente destructivo?

Vizcarra tiene en la realidad descarnada de estos días la perfecta mesa de trabajo para terminar con la confiscación del bienestar social peruano a manos de la ineptitud gubernamental y estatal.

¿Podrá sacar de donde sea las suficientes agallas para dejar al siguiente gobierno (que no descarto que pueda ser también el suyo) el rediseño de un sistema social que no vuelva a ser sorprendido con la guardia baja como hoy?

Figurar en las últimas filas del mundo en salud, educación, empleo, igualdad de oportunidades, cuidado del ambiente y pensiones es un reto a revertir.

A propósito, las pensiones no pueden una vez más ser el arca de malversación estatal del pasado ni el negocio mercantilista privado de estos tiempos.

Los organismos de concesiones, contrataciones y compras del Estado, focos de corrupción a los que parece no alcanzar la cruzada presidencial, forman parte también de los mecanismos de confiscación del bienestar social.

Si nada será igual al final de la pandemia, como dice el presidente Vizcarra, que el obsoleto sistema social peruano ya no esté para entonces. Depende de él mover la tuerca acertada o dejar que la tuerca equivocada lo mueva a él.

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