Ninguna persona sensata puede creer que la ocupadísima primera dama, la persona más poderosa del país según algunas encuestas y muchos analistas, sea una mandadera de una antigua amiga suya y hoy funcionaria pública en Palacio de Gobierno. Que Nadine Heredia viaje por el mundo buscando y comprando artículos de lujo para otra persona es una historia tan increíble como la de que ganaba decenas de miles de dólares haciendo estudios, que nadie conoce, sobre palma aceitera o tónicos capilares, o que recibía miles de dólares mensuales por enviar artículos que nunca publicaba un ignoto periódico venezolano.
Peor aún, las compras de zapatos, vestidos o joyas de miles de dólares las hacía Nadine Heredia con una extensión de la tarjeta de crédito de su amiga, precisamente una modalidad detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una manera que se está usando para el lavado de activos.
Como sostiene la UIF, los bancos se enfocan en el titular de la tarjeta, de esa manera el que tiene la tarjeta adicional puede pasar desapercibido. “Así, hay un consumo, un ‘tren de vida’ que se queda escondido” (“Aumenta utilización de tarjetas de crédito para lavado de dinero. Con tarjetas adicionales lavadores buscan burlar controles de la banca”, Gestión, 2/6/15).
¿Por qué Nadine Heredia trataría de ocultar bajo esa modalidad sus extravagantes compras? No solo por razones políticas –los abanderados de la lucha contra la pobreza viviendo como superricos– sino porque no tiene cómo justificar esos y muchos otros gastos con sus ingresos. Es decir, estaríamos frente a un caso de enriquecimiento ilícito.
El presidente Ollanta Humala gana poco más de diez mil soles netos, en verdad un sueldo ridículo para un presidente de la República, establecido demagógicamente por Alan García a quien la remuneración legal del Estado le importaba muy poco. Pero Humala no hizo nada para cambiarlo.
¿Con ese sueldo la pareja presidencial puede mantener una casa, pues no viven regularmente en Palacio de Gobierno; pagar un carísimo colegio para sus tres hijos; y comprar ropa y joyas que solo adquieren los muy ricos? Obviamente no. Por eso la pareja presidencial defiende la absurda versión que las compras eran para la amiga. Nadie en su sano juicio lo cree, pero tienen que aferrarse a esa explicación porque ahora ya están en un resbaladizo terreno judicial.
Esto se ha conocido gracias a la investigación reabierta por un valiente fiscal, investigación que la pareja ha tratado, y sigue tratando, de impedir a toda costa con mil argucias legales. Está claro ahora que el archivamiento de la indagación original se hizo de manera irregular, dejando infinidad de cabos sueltos y sin comprobar nada.
Pero la avidez por el lujo de la pareja no es nueva. En octubre del 2008, César Hildebrandt le preguntó a Humala, en una entrevista televisiva, de dónde obtenía dinero para comprarse un reloj de 1.200 dólares (unos 3.600 soles) como el que tenía, con un sueldo de 2.000 soles mensuales de comandante retirado. Y cómo se habían comprado una casa de 160.000 dólares.
La respuesta que insinuó el propio Hildebrandt es que se trataba de la plata que Hugo Chávez le regaló para la campaña.
En suma, la investigación reabierta por la fiscalía, y que la pareja quiere cerrar a como dé lugar, se basa en la sospecha de que sus gastos antes de llegar al poder no se corresponden con sus ingresos. La fuente real serían los dólares chavistas, que son ilegales, por supuesto. En el presupuesto de Venezuela no existe un rubro “apoyo a la campaña de Ollanta Humala”.
Y en ese camino, la fiscalía ha descubierto nuevos gastos sospechosos –ya con la pareja en el gobierno–, que no tendrían sustento.
Las preguntas son: si la pareja hizo eso antes de llegar al poder, ¿se comportarán como austeros, honestos y virtuosos ciudadanos ya en el gobierno? ¿Los gastos de Heredia no son sino la punta del iceberg?
Jorge Medina, presidente de Proética, ha escrito en El Comercio: “La principal barrera que impide que nuestro desarrollo social y económico sea sostenible es la corrupción”. (3/6/15). Tiene razón. Los intentos de banalizar y trivializar las suntuosas compras de la primera dama, realizadas en una modalidad de lavado detectada por la UIF, no contribuyen a luchar contra un mal gravísimo y endémico en el Perú.