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La grave caída en aprobación del Gobierno, Congreso y Poder Judicial parece no preocupar demasiado a quienes lideran estos tres principales poderes del Estado.
Se trata de un desinterés insólito en un país (el Perú) que no puede darse el lujo de perder confianza política y consiguientemente jurídica por todas las apuestas de desarrollo que tiene comprometidas.
Tal como se desprende del reportaje de Cecilia Rosales publicado ayer en El Comercio, hay un bajón de 19 puntos del Gobierno y de 9 puntos del Congreso y del Poder Judicial, desde niveles que en el 2011 ya eran también precarios (el primero con 34 puntos, el segundo con 18 y el tercero con 22). Lo que tenemos aquí a la vista es una crisis institucional casi convertida en mal endémico, cuyos efectos acumulados podrían remover perniciosamente los cimientos de la estabilidad y crecimiento económico.
No creer que la crisis institucional detectada (una combinación de honda desconfianza ciudadana y creciente ineficiencia gubernamental, parlamentaria y judicial) vaya a afectar, por ejemplo, ciertas condiciones claves de estabilidad jurídica, podría cegarnos peligrosamente frente al grado de sensibilidad con que ahora se miden las opciones de inversión en el mundo.
Ya no estamos en los tiempos en que subordinar la institucionalidad democrática al pragmatismo económico-financiero de los gobiernos, incluía el colmo de abrigar recetas de osado crecimiento con dictaduras o autoritarismos. La globalización, con un multilateralismo cada vez más amplio y con tratados de libre comercio insertados en el futuro crucial de los países emergentes, impone códigos de conducta institucionales que los aspirantes a gobernar y legislar tienen que asumirlos desde las campañas electorales.
Sería realmente muy triste que llegáramos a un final de elección presidencial el 2016 con la misma necesidad del 2011 de obligar al candidato favorito a suscribir una hoja de ruta democrática y respetuosa del modelo económico como la que tuvo que asumir el hoy mandatario Ollanta Humala.
¿No es que quienes gobiernan y legislan en los más elevados cargos del país saben que lo hacen en el marco de una Constitución vigente?
No podemos poner cada cinco años en zozobra nuestras mejores reglas de oro políticas y económicas y peor todavía desestabilizarlas mientras se gobierna.
La dramática desconexión del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial con la desatendida agenda del país, en educación, seguridad interna, reforma política y descentralización, para citar cuatro cosas, revela la ausencia de un liderazgo de Estado que no está plenamente asumido.
Y no está plenamente asumido porque, entre otras cosas, el presidente Humala, que es quien debiera ponerse al frente de ese liderazgo, no ha logrado hasta hoy hacer de la Presidencia del Consejo de Ministros, el órgano rector de un gobierno del día a día. Así podría ganar él el espacio pleno para el ejercicio de la jefatura del Estado volcándola precisamente a una agenda nacional realmente articuladora y consensuada.
