Lima acaba de conmemorar su aniversario 485 de fundación. Estando a tan solo un año y medio del bicentenario de la república, ¿han mejorado los indicadores de esta ciudad que alberga a un tercio de la población del Perú?
Una comparación entre los censos de 1981 y el último, realizado en el 2017, revela que el acceso a servicios públicos ha aumentado. La población que cuenta con red pública de agua, dentro o fuera de la vivienda, pasó de 79% a 88%, mientras que aquella con red pública de desagüe aumentó de 74% a 89%. En cuanto al acceso a alumbrado público, pasó de 88% a 96%. Y la proporción de hogares con piso de tierra se redujo en más de la mitad, de 14% a 6%, lo que a su vez permitió disminuir las infecciones respiratorias agudas. Además, entre los años 2007 y 2017 las familias con acceso a Internet aumentaron de 15% a 50%.
En cuanto al acceso a servicios educativos, hace cuarenta años solo el 13% de la población limeña tenía educación superior. Hoy este porcentaje se ha triplicado y llega al 36% —por supuesto, la calidad de parte de esta educación es materia de otro análisis—.
Por otro lado, en el 2007, el 58% de los ciudadanos de la capital carecía de un seguro de salud. Esta cifra ya se había reducido al 28% en el 2017, y se espera que este año, en el que el Gobierno se ha propuesto culminar con el aseguramiento de toda la población, dejaremos de tener conciudadanos desprotegidos sanitariamente.
En cuanto a la estructura familiar promedio, mientras que en 1981 una familia limeña estaba compuesta por 5,1 miembros, en el 2017 estos sumaban 3,6, básicamente porque el número promedio de hijos bajó de 1,5 a 1,2. Pero un dato cultural mucho más interesante es que la proporción de mujeres que se declaran jefas del hogar en estas últimas décadas se ha casi duplicado, pues pasó de 20% a 36%.
Si bien vemos que los indicadores limeños han mejorado, estos traen consigo retos más complejos. Es el caso, qué duda cabe, del caos vehicular. Entre los años 2000 y 2018, el número de automóviles formales creció en 146%: de 776.820 a 1’908.672. Esperemos que la Autoridad de Transporte Urbano consolide su rectoría para que se puedan tomar decisiones transversales eficientes.
Otro tema en agenda es, cómo no, la inseguridad ciudadana. Me niego a vincularlo con el proceso migratorio de ciudadanos venezolanos por dos razones muy concretas: porque este flagelo viene de mucho antes y responde a taras propias, y porque no hay evidencia que sustente este indicador. De hecho, Lima es y siempre ha sido una ciudad de migrantes. En 1981, solo el 61% de la población censada respondió haber nacido en la capital, y hoy es la ciudad con mayor población quechuahablante del Perú. La intensa migración interna iniciada en la década de 1960 impactó directamente en el crecimiento de nuestra capital. Pero el problema que persiste es que carecemos de una adecuada planificación urbana, imposible en un sistema de alcaldes distritales como el actual, y el abordaje de la seguridad ciudadana es igual de fragmentado.
Finalmente, la informalidad, que aqueja a todo el país y que es transversal a todos estos problemas, solo podrá ser enfrentada con real decisión política y combate contra la corrupción.
Según el “Décimo informe urbano de percepción sobre calidad de vida en la ciudad” de Lima Cómo Vamos, los seis problemas más importantes que impactan en la calidad de vida de la ciudad son la inseguridad ciudadana (82,2% de encuestados), el transporte público (46,2%), la corrupción de funcionarios o servidores públicos (38,6%), la limpieza pública (30,9%), la contaminación ambiental (28,5%) y el comercio informal (16,1%). Además, solo el 37,5% de limeños encuestados siente que su ciudad es un buen lugar para vivir.
Lima Cómo Vamos es un valioso observatorio ciudadano sobre cómo los limeños percibimos la calidad de vida en la capital. La información para diseñar políticas públicas eficientes está ahí, pero requiere de un análisis intersectorial. ¿Vamos?