Malas palabras, por Fernando Rospigliosi

El revuelo por las declaraciones del ministro de Economía, Alfredo Thorne, parece injustificado. Ha sido pública y notoria la desmedida influencia de Nadine Heredia en el gobierno de Ollanta Humala, a tal punto que no solo los más enterados afirman eso, sino que la inmensa mayoría de la opinión pública así lo estima, según todas las encuestas.

El mes pasado, por ejemplo, Datum registró que el 53% pensaba que quien gobernó ese quinquenio fue Heredia y solo el 15% creía que lo hizo Humala.

Además, el Ministerio de Economía era una de las dependencias a cargo de Heredia, que influyó en esa cartera decisivamente desde el primer momento, cuando ubicó en ese portafolio a Miguel Castilla.

No obstante, el ministro Thorne fue objeto de un cargamontón como si hubiera pronunciado algunas malas palabras, ciertos vocablos prohibidos en el diccionario político.

Su declaración ha sido interpretada por algunos como una suerte de concesión al fujimorismo, que desde la presentación del gabinete en el Congreso, exigió deslindes claros con el gobierno anterior. Lo que señalan los críticos es que las acusaciones del gobierno actual contra el anterior no servirán para atenuar el comportamiento agresivo de la oposición. Y tienen razón.

Pero también es cierto que Pedro Pablo Kuczynski y su gobierno no tienen motivo alguno para cargar con el pesado fardo del bien ganado descrédito de la anterior administración, marcada por la ineptitud y la corrupción en muchas áreas. 

La decisión del Congreso de investigar a Heredia por usurpación de funciones quizás no tendrá consecuencias legales, dada la dificultad de probar ese presunto delito. Pero servirá para airear su desvergonzada intromisión en el gobierno y tal vez proporcione algunas pistas sobre actos de corrupción.

Lo que ocurrirá de todas maneras es que fujimoristas y apristas no perderán la oportunidad de darle a Humala y Heredia (H-H) el mismo trato que recibieron en el período anterior. 

Los incompetentes e inexpertos H-H se marearon con el poder y creyeron que podían perpetuarse en el gobierno, para lo cual tenían que destruir a sus adversarios. El resultado es que terminaron aislados, impopulares, sin bancada en el Congreso, peleados con prácticamente todos sus antiguos partidarios y con serias posibilidades de sanciones judiciales. Merecido final.

Otro cuyas declaraciones lo han convertido en blanco de muchas críticas es el hiperactivo contralor Edgar Alarcón, que ha cuestionado públicamente varias compras y licitaciones del gobierno anterior. Antes se reprobaba a Fuad Khoury porque se le consideraba muy pasivo y demasiado lento. Ahora se reprocha a su sucesor por tener características opuestas.

Lo cierto es que varios de los temas que ha puesto sobre la mesa el contralor son escandalosos. Por ejemplo, el de los patrulleros coreanos adquiridos por el Ministerio del Interior, camionetas 4x4 con un motor inmenso que consume mucha gasolina de alto octanaje (que no se encuentra en muchos lugares del Perú) y que ¡ni siquiera tienen radio! Según algunos expertos, costaría dos mil dólares por vehículo ponerles el más indispensable de los aditamentos, es decir, más de cuatro millones de dólares adicionales.

En este caso, y al parecer en otros, tiene razón el contralor en hacer la denuncia en voz alta. De poco serviría enviar un voluminoso informe que podría quedar archivado en algún escritorio.

Las objeciones que se han hecho al contralor son dos. La primera, que un exceso de vigilancia e intervención podría enlentecer aún más la paquidérmica administración pública, cuando el nuevo gobierno está decidido a destrabar las inversiones. En este caso, lo razonable sería un balance que permita acelerar el gasto con un control posterior que, si las cosas están bien hechas, no tiene por qué estorbar.

La segunda, sus impúdicos guiños a la mayoría fujimorista del Congreso, incluyendo el fallido nombramiento de Juan José Díaz Dios como coordinador parlamentario. Lo menos que puede decirse es que el contralor tiene un arraigado sentido de la oportunidad para mantenerse en el cargo, característica similar, por lo demás, a la de muchos políticos.

La pregunta sería: ¿Qué le conviene más al país: un contralor pasivo y permisivo o uno alerta y dinámico, aunque sus motivos no sean sublimes?

En suma, declaraciones polémicas de dos altos funcionarios públicos que, críticas aparte, no dejan de tener sentido.