El costo de la verdad, por Patricia del Río

Después de las revelaciones hechas por este mismo Diario sobre el posible soborno recibido por Vizcarra de la empresa Obrainsa cuando era presidente regional de Moquegua, hemos sido testigos de un Vizcarra que se defiende con falsedades que se caen como castillo de naipes cuando una institución seria, como la Unops, tiene que aclarar que en el proceso de licitación la cifra del costo de la obra (que el presidente declaró que era confidencial) la pone el gobierno regional. Hemos escuchado con desconcierto al presidente insistir en que esta es una conspiración, que Odebrecht se está vengando. Nos hemos sorprendido ante explicaciones inverosímiles sobre el préstamo de una avioneta, para traslado de funcionarios bolivianos, que el gobierno regional de Moquegua le pidió a la empresa Obrainsa, según él como un acto de responsabilidad social. ¿Una donación sobre la cual se pidió una cotización? ¿En serio? ¿A santo de qué se pide a alguien el costo de un favor que no va a ser retribuido?

A las falsedades, se suman argumentos falaces. El fiscal asignado al caso es el doctor Germán Juárez Atoche, encargado de investigar la red criminal del Club de la Construcción. Juárez Atoche es parte del equipo especial Lava Jato que dirige el fiscal Rafael Vela, el mismo equipo que ha sido aplaudido por el presidente como serio y comprometido. El mismo equipo por el que el mandatario regresó de un viaje a Brasil, en año nuevo del 2019, para defenderlos cuando el ex fiscal de la Nación Chávarry decidió despedirlos. ¿En qué momento Rafael Vela se convirtió en títere de Odebrecht?

El presidente Vizcarra se escuda además en que él permitió que se metieran presos a los responsables del Club de la Construcción. Falso. Gracias a los testimonios de la colaboración eficaz de los representantes de Odebrecht se conoció el complejo sistema que habían diseñado para repartirse obras. Ese, otra vez, fue un trabajo delicado del equipo especial Lava Jato, que actúa de manera independiente y no responde a mandato alguno del presidente de la República.

Para cerrar la agotadora semana de revelaciones consistentes por un lado y de intentos descarados para desacreditar un trabajo que ha reunido una cantidad importante y variada de pruebas, por otro; el viernes a las 10:30 p.m., la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos sacó una resolución que le resta competencia al equipo Lava Jato en las investigaciones que involucran a Martín Vizcarra. En plano castellano, señala que estos casos no deben ser investigados por el equipo de Rafael Vela, sino por las fiscalías anticorrupción. Al estilo de los noventa, la fiscal interfiere en una investigación independiente y, de paso, le salva el pellejo al presidente. Ante estas nuevas reglas, si los colaboradores eficaces se retiran, sus testimonios no pueden ser utilizados por la justicia y el caso se cae. Todas las pruebas aportadas no pueden utilizarse en contra de los investigados y la vida, y la impunidad, continúan.

Si se trata de defender la institucionalidad y permitir que el presidente Vizcarra termine su mandato para evitar una crisis, es indispensable que deje que las investigaciones continúen y que permita que la fiscalía más confiable y competente del país lo investigue. De lo contrario, será él mismo el que debilite su posición hasta niveles insostenibles y el que le otorgue al Congreso la excusa que está esperando hace tiempo para vacarlo.

Si un bochornoso blindaje vale más que la estabilidad entera de una nación, Martín Vizcarra habrá renunciado implícitamente a su cargo de presidente.