Javier Díaz-Albertini

Llama la atención que, siendo científico, el ministro del Ambiente, , diga que recién “se descubre ante el mundo y ante el país la cantidad de problemas que tiene el ” (RPP, 22/6/22), tratando así de justificar la parálisis gubernamental para enfrentarlos. Además, agregó que esto se ha “heredado del pasado”, otorgándole un tufillo de conspiración encubridora.

Esto significa, entonces, que la información recolectada durante décadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se encontraría escondida en oscuros archivadores de algún sótano. Que sus datos no estén disponibles para cualquier usuario, libre de costo, las 24 horas: numerosos censos, encuestas a hogares, mapas de pobreza, estudios de seguridad ciudadana, salud, indicadores de género, entre otros.

Asimismo, que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) habría estado operando en la clandestinidad desde el 2008, a pesar de ser el órgano rector de la planificación. Al parecer, capacita, recoge información, organiza encuentros descentralizados y orienta la elaboración de planes sigilosamente. Por lo visto, para Montoya, el mismísimo Acuerdo Nacional habría consensuado sendas políticas de Estado tras bambalinas con la presencia secreta de partidos, la sociedad civil y el sector empresarial.

Y justo hablando de conspiradores, en el encubrimiento de los problemas del país participan casi todas las agencias internacionales y organismos multilaterales. Nadie sabe acerca de los estudios de Unicef sobre la niñez peruana, los de Unfpa sobre nuestros retos demográficos, los de Unesco sobre la situación de la educación, los de la FAO sobre agricultura, los del PNUD sobre el desarrollo y los de la Cepal sobre la economía. Tampoco se conocen los estudios y proyecciones económicas de la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Unión Europea, entre otros. Ni qué hablar del trabajo hermético de las universidades, centros y consorcios de investigación, ONG y ‘think tanks’, que llevan años subrepticiamente investigando al país, diseñando soluciones e implementando proyectos clandestinos.

Lástima que toda esta información haya sido ocultada –al igual que nuestros problemas– y no haya podido ser examinada al momento de diseñar el plan de gobierno de Perú Libre. Imagínense cuánto hubiera sido aprovechada por un investigador acucioso y original como nuestro presidente Pedro Castillo.

Dejando de lado el sarcasmo, es triste cuando científicos se prestan a juegos de politiquería barata. Y no es cuestión de ideología, que todos tenemos y enhorabuena. Modesto Montoya tiene todo el derecho a ubicarse en cualquier posición del espectro político. Pero comete tremenda irresponsabilidad si se deja llevar por consignas y no contribuye insistiendo en que el análisis de la realidad esté sustentado con información y con métodos comprobados. Y estos últimos abundan en nuestro país. Lo que falta es capacidad y voluntad para estudiarlos y utilizarlos.

Seamos claros, lo expresado por el ministro Montoya es solo una treta más para justificar la realización de los Consejos de Ministros Descentralizados. Bajo la argucia de que no se conoce la “voz del pueblo”, tratan de vender la idea de que con unas cuantas horitas con autoridades locales y dirigentes preseleccionados podrán sustituir los enormes esfuerzos públicos y privados por identificar nuestros problemas y ensayar soluciones viables.

¡Y vaya que se han reunido! En las últimas dos décadas, Ollanta Humala ha sido el presidente con mayor número de consejos descentralizados: 21 sesiones en cinco años. Pedro Castillo, en cambio, ya ha realizado 18 consejos en menos de un año, casi todos en solo tres meses. ¿Estos espacios son formas eficientes de levantar información sobre problemas, demandas y soluciones? Pues no.

Las asambleas solo son eficientes y efectivas cuando son planificadas con esmero y anticipación. Cuando se llega con diagnósticos y propuestas preliminares previamente compartidas con los asistentes. Sobre esta base se puede discutir sobre prioridades y programar acciones. Sin estas condiciones, se convierten en ferias clientelistas. Como bien señala la Defensoría del Pueblo, es imprescindible diferenciar entre problemas y demandas. El problema es un aspecto de la realidad que se aspira a cambiar, mientras que la demanda es un pedido concreto de un sector de los actores involucrados. Si se pretende gobernar solo respondiendo a demandas, los problemas que recién ha descubierto Modesto Montoya seguirán siendo ignorados.

Javier Díaz-Albertini es sociólogo y profesor de la Universidad de Lima

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