Lotería electoral

Leemos con preocupación en las noticias que a la fecha ya tenemos 35 partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y 25 más se encuentran en proceso de inscripción, con lo que 60 partidos podrían presentar, hipotéticamente, candidatos a las elecciones del 2026.

¿Cuál es la lógica de este frenesí de inscripciones partidarias? Hasta no hace mucho, este frenesí por inscribir partidos no parecía tener demasiado sentido. Desde el 2006 existe la “valla” electoral, según la que, si no se obtiene por lo menos el 5% de los votos en la elección del Congreso, o al menos cinco representantes en más de una circunscripción, se pierde la inscripción. Después de las elecciones del 2021, el JNE canceló la inscripción de 15 partidos, y solo la mantuvieron nueve. Con esa tasa de mortalidad podría pensarse que, si alguien tenía interés en participar en política, lo más sensato sería afiliarse a alguno de esos nueve partidos, y no aventurarse a crear uno propio. De hecho, hay muchos candidatos sin partido, que se afilian a última hora o esperan ser “invitados” por alguno de estos.

Al mismo tiempo, si bien desde el 2019 se cambiaron los requisitos de inscripción para los partidos nuevos, no es que se tratara de un proceso sencillo: por ejemplo, partidos como el Nuevo Perú intentaron inscribirse para participar en las elecciones del 2021 y no lo lograron. Si uno conversa con promotores de partidos que hacen esfuerzos “en serio” para reclutar y articular militantes, escuchará que se trata de una tarea harto complicada.

¿Cómo entender entonces este desenfreno de inscripciones? Primero, en la medida en que no existe verdadera democracia interna en los partidos, las posibilidades de hacer carrera dentro de ellos (fuera de las “argollas”) es prácticamente nula, con lo que hay fuertes incentivos para abrir una tienda propia. Segundo, los requisitos de inscripción son complicados para quien quiere hacer un partido “en serio” –es decir, reclutando afiliados comprometidos y dispuestos a participar en elecciones internas o a presentarse como candidatos en las diferentes elecciones–, pero relativamente accesibles para quienes afilian a cualquiera a cambio de alguna dádiva, y luego “negocian” las candidaturas con candidatos sin partido. En medio de la desafección política nacional, es obvio que, si el JNE fuera mínimamente riguroso en el control de los afiliados, descubriría que la gran mayoría de ellos no son tales.

Finalmente, además de la situación de desafección política general, en la que ningún partido ni candidato es capaz de concitar un respaldo ciudadano significativo, se generaliza la ilusión de que “cualquiera”, con un poco de suerte, podría pasar la valla electoral. En todo caso, aunque se perdiera la inscripción, bastaría una elección general para “recuperar la inversión” realizada.

Si el Congreso no cambia la legislación actual para facilitar el establecimiento de alianzas, como ha sido advertido por muchos, la próxima elección general será tremendamente caótica y sus resultados serán una auténtica “tómbola” electoral. Y, además, seguramente, la mortalidad electoral será nuevamente alta. El Congreso ha elevado recientemente los requisitos de inscripción volviendo al requisito de un número elevado de firmas de adherentes, lo que hará que tengamos después que resignarnos a convivir con los sobrevivientes, no necesariamente los que querían hacer política con un mínimo de seriedad.